El canciller Claude Joseph, confirmó que el gobierno abordará las preocupaciones relativas a los retos de seguridad expresadas por la comunidad internacional, aunque insistió que Haití es un estado soberano.
Recientemente se conocieron las normativas que oficializan la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y otra que amplía la clasificación de los actos terroristas, sin embargo, recibieron críticas de partidos políticos, organizaciones sociales y el conocido como Grupo Central, integrado por representantes de la ONU, OEA y embajadores de varias naciones.
De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, durante los casi cuatro de Jovenel Moise en el poder, no se le puede acusar de tener una agenda dictatorial. «No es al final de su mandato que tendrá este deseo», aseguró a una radioemisora local.
Dijo entender las preocupaciones del Grupo Central, y prometió ocuparse personalmente, aunque indicó que con la situación actual del país en materia de seguridad, el Estado debe actuar.
Días después de la publicación del decreto, la asociación internacional advirtió en una declaración que las normativas fueron adoptadas sin la contraparte de Parlamento, y «no parecen estar en conformidad con ciertos principios fundamentales de la democracia, el estado de derecho y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos».
También criticó la disposición sobre el fortalecimiento de la seguridad pública que amplía la calificación de acto y prevé penas especialmente severas de 30 a 50 años de prisión.
Pese a que las declaraciones fueron rechazadas por varios miembros del Gobierno, quienes se rehúsaron a recibir «lecciones» de la comunidad internacional, el miércoles el asesor presidencial, Guichard Doré, confirmó que la administración enmendará la legislación sobre la ANI con la ayuda de una organización de derechos humanos.
Entre las principales críticas a la agencia de inteligencia, resalta la falta de una estructura independiente para su control, lo que según sus críticos representa una amenaza para las libertades.
Además, señalan que sus agentes cuentan con inmunidad ante la justicia y pueden esconder su identidad.
