Derecho a tener derechos

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A pocos días de finalizar un año que ha sido una tragedia para la humanidad y que sin dudas mueve a preocupación a cualquiera, después de más de 47 años de ejercicio profesional de la comunicación, de estudiar tres carreras a nivel superior y haber de vivido 67 años, casi 68, he decido exponer una situación que afecta a mi familia y que les sucede al menos a otros tres colegas que han puesto sus casos en manos del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y sabrá Dios a cuantos otros ciudadanos.

Sucede que, en 1983, fuimos beneficiados con la asignación de un apartamento del INVI por su director de la época, ingeniero Pedro Bonilla Mejía, padre del actual titular del organismo, Carlos Bonilla Sánchez, a través del entonces Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales (SNPP) en el proyecto habitacional Invivienda Santo Domingo.

Dicho apartamento terminó de ser construido en julio de 2000, al echarse las palomas en la transición entre el gobierno del doctor Leonel Fernández Reyna y el ingeniero Rafael Hipólito Mejía Domínguez, pero el encargado de proyectos sociales del INVI, José Rivas García, desapareció nuestro expediente y se robó nuestra vivienda.

Desde entonces, junto a mi familia, iniciamos una lucha legal que culminó con una sentencia del Tribunal Constitucional, en septiembre de 2018, que ordena a las autoridades del INVI entregarnos nuestra vivienda que actualmente es ocupada por un oficial superior de la Armada Dominicana, quien alega haberla comprado, que, en caso de ser cierto, no se percató que se trataba de una propiedad ajena.

El fallo fue desacatado por las autoridades anteriores y las actuales del INVI, a pesar de los esfuerzos que hemos realizado, con el apoyo de la presidenta del CDP, Mercedes Castillo, del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), José Beato y los colegas y amigos Aurelio Henríquez y Olivo de León, quienes nos han acompañado en múltiples gestiones frente a los pasados y actuales incumbentes.

Pensamos que a finales de octubre de este año había llegado el final de nuestra odisea legal, pues la presidenta del CDP nos sugirió hacerle una carta al presidente Luis Abinader Corona, quien recibiría una comisión del gremio esa semana, prometiéndome entregarla al mandatario, como efectivamente hizo.

Al salir del encuentro con el presidente de la República, tanto Castillo como Aurelio nos llamaron muy alegres, diciéndonos: ya Abinader tiene su caso, lo puso en manos del periodista Daniel García Archibald, director de prensa del Palacio Nacional y esperemos una pronta solución.

Transcurrido casi dos meses de ese encuentro, al colega y amigo García Archibald no le ha alcanzado el tiempo ni para una llamada o enviarnos un mensaje dando cuenta de qué ha hecho con nuestro expediente. Ignoramos si ha sido tramitado Hacia el INVI o si está engavetado, como ocurre cuando no hay interés o no atención en resolver las cosas.

Me cree una falsa expectativa, hubiera deseado mejor una llamada en la que se me indicara ¨no jodas con eso¨, al menos tendría la satisfacción de que, aunque no se resolviera mi reclamo, se le puso caso.

De nada ha servido una sentencia del tribunal llamado a garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, ni que el caso, muy a mi pesar, haya tenido que llegar a manos del jefe del Estado, una persona con tantas ocupaciones prioritarias y que me atreví a molestar a través de la comisión del CDP que le visitó, porque he llegado al convencimiento de que tengo derecho a tener derechos.

Precisamente porque creemos tener derecho a tener derechos nos atrevemos a hacer público el contenido de la misiva dirigida al presidente Abinader Corona que le fuera entregada por la presidenta del CDP y, que nos disculpe si lo considera una imprudencia, pero estamos acostumbrados a hacer las cosas de cara al sol.

Por esa razón, queremos que se entienda que no andamos en busca de privilegios, sino de que se nos respete el derecho que nos ha sido vulnerado por largos años y, a pesar de las recomendaciones para que nos olvidemos de lo legal y actuaciones conforme a las circunstancias, hemos preferido actuar en el marco de la ley.

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