La Policía Nacional es la responsable de la vigilancia policial y seguridad ciudadana en República Dominicana, se encarga de la investigación y persecución de los delitos y asuntos de orden público. Hasta ahora la gestión del presidente, Luis Abinader, había transcurrido sin grandes problemas a la hora de establecer el toque de queda para confinar a la población y controlar el avance de la pandemia del COVID-19, que se ha cobrado la vida de más de 2,400 personas en República Dominicana.
Recientemente diputados, organizaciones de la sociedad civil, comerciantes, deportistas, así como artísticas y ciudadanos comunes han cuestionado la aplicación de la medida debido a lo que denuncian como abusos de los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la imposición de la medida.
También han sido denunciadas las altas multas para quienes violen el toque de queda cuyas sanciones económicas van desde mil hasta cien mil pesos y su legalidad es cuestionada por varias instituciones y legisladores de las diferentes fuerzas políticas.
Hay quejas de los frecuentes tapones y la aglomeración de personas en los servicios del transporte público de Santo Domingo lo que ha causado dificultades a la hora de transitar y circular por las calles.
Recordemos que estas medidas empezaron a aplicarse desde marzo del 2019 en la administración del entonces presidente Danilo Medina cuando se estableció el Estado de emergencia al ser detectado el primer caso de SARS-CoV-2.
Se hace necesario que las autoridades nacionales revisen estas medidas. En situaciones como la actual se necesita pensar fuera de la usanza común, por lo cual hace falta la creatividad de las mejores mentes no solo de la Administración Abinader sino del país para que vayamos abriendo la economía junta con la actividad social en el país por zonas, por regiones sin la necesidad de confinar a 10 u 11 millones de personas por las inobservancias e irresponsabilidades de algunos.
En principio porque la economía no lo resiste y porque si salvando la vida restringimos la economía al final vamos a terminar perjudicando la vida porque las personas pueden morir por otros tipos de situaciones relacionadas con esta restricción.
¿CUÁNTOS GENERALES NECESITA LA POLICÍA DOMINICANA?
La Administración Abinader se prepara para iniciar en febrero una reforma que, pretende transformar la Policía Nacional en la más moderna del área. Algo loable y magnifico sin lugar a dudas. Sin embargo, los aprestos de reformas en el cuerpo del orden se remontan a noviembre de 2012 cuando el entonces presidente Danilo Medina creó la Comisión para la Reforma Policial.
Desde entonces viene dando tumbos y al día de hoy que se pensaba que tendríamos una policía moderna e identificada con la sociedad, que la vería como su seguridad, su guardiana, hoy la ciudadanía siente temor del cuerpo del orden.
A pesar de los esfuerzos en que está empeñada la actual gestión, donde tenemos a un joven profesional brillante, formado en los ámbitos de la investigación criminalística, el mayor general Edward Ramón Sánchez González, con quien compartimos en las aulas, al estudiar defensa y seguridad nacional.
Sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones es un cuerpo que trae fallas de forma y de fondo, por tanto, no es tan solo la voluntad del director de la policía o del presidente de la república. Se requiere un compromiso nacional de las fuerzas políticas y de todas las fuerzas vivas de la nación para tener realmente una policía del siglo XXI.
Eso conlleva un gran compromiso que obliga a invertir en esa policía que queremos. No podemos demandar una policía del siglo XXI con un presupuesto del siglo XIX, eso es imposible. La seguridad requiere inversiones, en equipos, recursos humanos y tecnología.
La seguridad ya no es la de la clásica imagen del sargento barrigón con una macana, un revolver o una escopeta. Envuelve todas las aristas de la vida misma, por lo que su enfoque debe ser multidimensional y multifactorial pues es transversal a todos los ámbitos de la sociedad.
La Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16 del 15 de julio de 2016, establece un tope de generales, sin embargo, este es uno de los puntos en que no se ha podido avanzar. Tras su promulgación la ley estableció un plazo de 24 meses para el retiro de manera gradual de sus oficiales generales, para mantener un máximo de 20 miembros en ese rango acorde al artículo 86 de la misma ley. Sin embargo, cuando venció el plazo en julio de 2018, había 40 oficiales generales en la Policía Nacional. En la actualidad, enero del 2021, la Policía Nacional cuenta con 42 oficiales generales.
Se han dado distintas razones sobre el porqué el Poder Ejecutivo no ha hecho el desmonte que manda la ley desde el 2016. Se comenta con insistencia que el gran problema es la cantidad de dinero de las pensiones a pagar a los oficiales generales que se pondrían en retiro. Sin embargo, los reglamentos de aplicación de la ley (unos 20) aún no están concluidos. Estos debían haber estado elaborado en enero de 2017.
Las comisiones de trabajo sobre los distintos reglamentos, bajo dirección del Consejo Superior Policial empezaron a trabajar el 29 de julio de 2016, pero a la fecha no se han completado. La razón estriba en que no han concluido los procesos de aprobación a lo interno de la policía y por parte del Poder Ejecutivo. Entre estos reglamentos se encuentran, entre otros, los referentes a la disciplina, la asignación y conservación de las armas.
Sería interesante que la dirección de la policía nacional o en su defecto el ministerio de interior y policía como estructura macro, hablaran sobre los detalles de estos reglamentos que son necesarios para que la policía camine hacia la modernidad pregonada.
Así como es urgente que, con la implementación de la nueva reforma, anunciada la semana pasada por el presidente Luis Abinader, se desmonte la cantidad de generales del cuerpo del orden, para quedar en las 20 plazas que manda la ley 590-16.
Oportuna es la ocasión para el presidente Abinader casarse con la gloria y aprovechar la preparación, actitud, aptitud y honestidad de Edward Ramón Sánchez González.