Cantidad de fondos para partidos políticos no está contemplado en las leyes

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Los legisladores que redactaron las nuevas leyes de Partidos Políticos (33-18) y la Orgánica de Régimen Electoral (5-19) no incluyeron la cantidad exacta del Presupuesto Nacional de cada año destinada a los partidos políticos, como hacía la Ley Electoral de 275-97.

La situación sería producto de la improvisación y la prisa con que se elaboraron esas normas, sostuvo Eddy Olivares, exmiembro de la Junta Central Electoral (JCE).

La Ley de Partidos se aprobó en medio de la precampaña interna de los partidos y la Ley Orgánica de Régimen Electoral se discutió próximo a la campaña en el 2019, tras varios años en el Congreso.

La Ley 275-97 estableció por primera vez el financiamiento del Estado a los partidos, consignando en su artículo 49 “en el Presupuesto General de la Nación y Ley de Gastos Públicos un fondo equivalente al medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un cuarto por ciento (1/4%) en los años que no haya elecciones generales». Esto es un 0.50 y 0.25 por ciento, respectivamente.

Sin embargo, Olivares asegura que debe observarse el precedente establecido en la derogada ley 275-97, porque es el último contemplado en la legislación, hasta tanto se haga una reforma que determine esos mismos valores o los cambie.

En el capítulo dedicado al tema “contribución a los partidos”, la norma también mandaba a distribuir en partes iguales el 25 por ciento de los fondos entre todos los partidos en años de elecciones, y el restante 75 por ciento según los votos obtenidos en las últimas elecciones. En tiempo ordinario, se distribuía el 80 por ciento entre aquellos que sobrepasaron el 5 por ciento en las votaciones y el restante 20 por ciento para los que se quedaron por debajo de ese umbral.

La Ley 33-18 solo dedicó el artículo 61 a la “distribución de los recursos económicos del Estado”, donde dividió el pastel en tres partidas: 80 %, 12 % y 8 %.

El director General de Presupuesto, José Rijo Presbot, le recordó al presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, que “las leyes 33-18 y la 15-19 no establecieron expresamente la cuantía exacta de los recursos destinados a los partidos”. Bajo este argumento, justificaba la entrega de sólo el 50 % de los fondos y dedicar el resto para construir una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El Gobierno decidió finalmente entregar el 100 por ciento para que la JCE lo reparta entre las instituciones políticas.

En la adenda del proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para el año 2021 aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado, el Poder Ejecutivo explicó en una carta anexa que varias partidas serían reorientadas, entre ellas, la de los partidos. El referido texto fue conocido por la comisión bicameral de Presupuesto, pero no fue leído en los plenos de ambas cámaras.

Los legisladores aprobaron el proyecto, alegando posteriormente que eso no fue lo que se aprobó.

Olivares ve en este conflicto una muestra de que las reformas políticas se deben hacer en un ambiente libre de los intereses coyunturales de los partidos y sus líderes.

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