Guatemala inicia polémica renovación de Corte Constitucional

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El Congreso de Guatemala comenzó este martes a elegir a los nuevos jueces de la Corte de Constitucionalidad ante señalamientos de que algunos de los candidatos podrían echar atrás los avances en la lucha contra la corrupción.

En una primera votación, una mayoría de legisladores (101 de 160) reeligió a Dina Ochoa como magistrada titular. Ochoa llegó a la CC impulsada por el expresidente Jimmy Morales y su permanencia había sido criticada por apoyar decisiones polémicas como proteger a un juez prófugo acusado de corrupción o la expulsión del país de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo respaldado por la ONU que fue considerado un ejemplo del combate a diversos crímenes relacionados con el poder.

Ochoa también apoyó la política migratoria de Donald Trump cuando se instaló el Acuerdo de cooperación para Asilos, conocido como “Tercer País Seguro”, para deportar a Guatemala a migrantes de otros países. El plan fue impugnado en la Corte de Constitucionalidad y ella se ofreció mediar para que el acuerdo fuera avalado. Fue declarada electa por cinco años más.

La CC es la máxima autoridad en justicia y decide la suerte legal y constitucional de casi todos los temas políticos, judiciales, electorales y penales del país.

Entre los casos que podrían verse afectados están las investigaciones contra el expresidente preso Otto Pérez Molina, de militares condenados por delitos de lesa humanidad o la participación electoral de Zury Ríos Sosa, la hija del exdictador fallecido Efraín Ríos Montt.

El congreso también eligió a Luis Rosales Marroquín como magistrado suplente a la CC. Es diputado y miembro de la alianza oficialista que domina el Congreso. Fue abogado defensor de Ríos Montt, acusado de genocidio, y actualmente es abogado Ríos Sosa, quien ha sido vetada para participar como candidata presidencial a la CC porque así lo establece la Constitución.

La CC está integrada por cinco magistrados titulares y cinco suplentes.

La elección de titulares y suplentes ocurre en varias instituciones: dos por el Colegio de Abogados, dos por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), y dos más por el Congreso; otros dos son designados directamente por el presidente y un par más por la Corte Suprema.

El proceso de renovación de la Corte han sido criticado por activistas y abogados que ven manipulación, tráfico de influencias y otras irregularidades.

Elvyn Díaz, abogado del Instituto de Ciencias Penales dice que hay varias razones para querer cooptar a la Corte. Tras el paso de la CICIG en el país y los casos de corrupción llevados ante la justicia, dijo, algunos grupos buscan mantener la impunidad “y por el modelo jurídico de nuestro sistema todo puede ser revisable en una instancia como la CC”.

La CICIG terminó su mandato el 3 de septiembre de 2019, luego de que el entonces presidente Jimmy Morales se negara a renovar su mandato tras una serie de choques y críticas a la institución que, entre otras cosas, le abrió una investigación y a algunos miembros de su familia.

Díaz consideró que la CC también ha jugado un papel elemental como órgano de control del poder político. “No quieren tener una corte que les limite actos arbitrarios y cuestionados en el ejercicio del poder”, dijo en referencia a grupos de interés que no desean una Corte autónoma.

El tema de la renovación en el máximo tribunal guatemalteco llegó hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos, que desde hace algunas semanas ha urgido públicamente por una integración con candidatos idóneos.

El martes, Julie Chung, asistente del Secretario del Departamento de Estado, señaló en su cuenta de Twitter que “la lucha contra la corrupción en Guatemala requiere candidatos a la Corte de Constitucionalidad que demuestren integridad e imparcialidad, y que estén libres de influencias externas o cargos penales irresueltos”.

Otro de los que se ha pronunciado a favor de una CC independiente es Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala, que ha llevado a la justicia a más de 600 personas entre políticos, jueces, empresarios y particulares por corrupción y otros delitos. “El ideal del juez es alguien con ajenidad, neutralidad y desinterés de los asuntos que conocen”, dijo.

La semana pasada, Sandoval logró dos órdenes de aprehensión que repercutieron en la elección de magistrados a la CC. La primera fue contra Estuardo Gálvez, exrector de la USAC y candidato a magistrado por el Colegio de Abogados. Gálvez tiene orden de aprehensión por haber traficado influencia con la intención de manipular elección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, por lo que renunció a su candidatura.

La otra orden de captura es contra Murphy Paiz, actual rector de la USAC, acusado de que cuando fue elector para magistrados de otros tribunales habría pactado su voto para favorecer a grupos de poder. En su calidad de rector, Paiz participaba también eligiendo magistrados de la CC. Entre los candidatos está su abogado defensor, Omar Barrios. Murphy se internó en un hospital aduciendo problemas de salud, lo que evitó que fuera a prisión.

La Corte Suprema de Justicia también deberá elegir magistrado titular y suplente. Entre los candidatos más sonados está Roberto Molina Barreto, actual magistrado y quien intentó competir en elecciones pasadas como vicepresidente de Ríos Sosa, pero no pudo por impedimento legal.

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