Estamos perdiendo el país

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La incesante, desbordada y excesiva penetración de extranjeros al territorio dominicano está ocasionando desde hace mucho tiempo serios trastornos socioeconómicos. Las zonas fronterizas han sido abandonadas por numerosos compatriotas que buscan mejor suerte en los centros urbanos, económicamente más activos, para así mejorar su calidad de vida.

El desempleo y la falta de oportunidades en los campos y provincias han estimulado un éxodo que se refleja en los cinturones de miseria alrededor de las grandes ciudades. Ese espacio ha sido ocupado por los vecinos, quienes realizan labores arduas a las que se resisten no pocos dominicanos. Los subsidios sociales, necesarios en la mayoría de los casos, han contribuido en cierta medida a fomentar una cultura de vagancia y parasitismo en una juventud cada vez menos inclinada a percibir el esfuerzo propio como medio de superación personal.

La política de dominicanización fronteriza, uno de los aspectos positivos de la férrea dictadura trujillista, ha sido descuidada y abandonada por sucesivos gobiernos que, por razones de clientelismo electoral, concentran las inversiones más significativas en las áreas de mayor población. De ahí la necesidad de votar leyes de incentivos para que el sector privado traslade sus actividades productivas a las provincias fronterizas.

Basta observar el debate que se generó con ocasión del vencimiento de la antigua Ley No. 28-01 sobre incentivos a las empresas que se instalen en las provincias fronterizas, la cual fue impugnada sin éxito por un sector del empresariado que la considera discriminatoria por los beneficios que otorga a los que se trasladen a esa región. Mayúscula preocupación ha generado en los habitantes de esas localidades la caducidad prevista en la norma, lo cual ha motivado una campaña para que sean preservados los referidos beneficios.

En síntesis, el campo ha sido abandonado por sucesivos gobiernos y, por ende, sus habitantes se encuentran sin medios para subsistir. La consecuencia de esta triste realidad es que extranjeros indocumentados con costumbres, cultura e idioma distintos han suplantado gradualmente a los dominicanos. Esta situación constituye una de las mayores preocupaciones de nuestro pueblo, hasta el extremo que el actual mandatario se declaró partidario de la construcción de un muro para resguardar el territorio de esa invasión pacífica a la que la mayoría de los gobernantes que nos hemos gastado a partir de 1961 han prestado escasa atención.

La presión de la comunidad internacional ha influido notablemente para que las autoridades locales no adopten las medidas para contener ese flujo migratorio, las cuales reclama a viva voz un pueblo abrumado frente a esa presión que ya se torna insoportable.

El presidente Balaguer, en un gesto que lo enaltece, se negó a aceptar la construcción de campos de refugiados en este lado de la isla, valiente decisión que desató fuerzas poderosas a fin de que se le recortarán dos años de su mandato en 1994. Pagó con sobria dignidad un alto precio que pocos políticos estarían dispuestos a emular en la actualidad.

Sacrificios de esa naturaleza de poco o nada sirven en una sociedad en la que no se le da continuidad a los buenos ejemplos y a las medidas adoptadas por administraciones precedentes. Por el contrario, la mala memoria, codicia y permeabilidad de los que han administrado la cosa pública propician un cúmulo de males que a largo plazo terminan agobiando a la colectividad.

El resultado de esa imperdonable desidia se encuentra a la vista de todos, pues los políticos se preocupan exclusivamente por preservar el poder a expensas de una institucionalidad cada vez más precaria; en cambio, a los empresarios únicamente les interesa el lucro personal. No se detienen a pensar que por mucha gloria o riqueza que puedan acumular, de nada les servirá si ocurre una explosión social que destruya los cimientos del orden prevaleciente.

Las causas que podrían dar al traste con el sistema que conocemos son numerosas, pero la más resaltante es la sustitución de la población que, a juicios de algunos entendidos, se inició con la desocupación norteamericana de 1924. A partir de ese momento se le ha facilitado el visado norteamericano a una gran cantidad de compatriotas con el propósito de propiciar un éxodo migratorio hacia los Estados Unidos y, a su vez, reemplazar a esos emigrantes con nacionales haitianos.

Se trata de un plan diseñado para ir gradualmente, poco a poco, fomentando la fusión de dos pueblos radicalmente disímiles en todos los aspectos. Emilia Pereyra, en un lúcido ensayo sobre la ocupación haitiana que se inició en 1822 y culminó en 1844, señala que la resistencia cultural fue un factor determinante para que fracasara la invasión encabezada por Boyer. Al referirse a la firmeza del pueblo dominicano ante el invasor destaca que “fue una oposición fundamental en el carácter nacional y en las defensas de las formas de vida, de una cultura acrisolada por varios siglos, del idioma español y el credo católico”.

En efecto, el pueblo dominicano ha demostrado singular valor a lo largo de su historia. Es el único que para preservar su independencia, cultura e identidad ha luchado denodadamente contra franceses, españoles, haitianos y norteamericanos. Sin embargo, a pesar de tantas luchas, todavía subsisten amenazas para suprimir su soberanía y una de ellas es la pacífica, continua e ininterrumpida penetración de ilegales haitianos a nuestro territorio.

Más todavía, en las provincias fronterizas prácticamente no se escuchan emisoras dominicanas, el creole se habla más que el español, el número de niños haitianos que nacen en los hospitales es muy superior a los dominicanos, la población extrajera supera el 60% en provincias como Dajabón, Montecristi, Pedernales, Independencia y Elías Piña. Por otra parte, la agresiva deforestación y la producción de carbón a costa de nuestros árboles es alarmante. Como bien afirma el destacado intelectual Manuel Nuñez, los bosques dominicanos arden en las cocinas haitianas. Todo esto sin contar que el tráfico de seres humanos, armas, drogas y mercancías en la zona fronteriza.

La construcción del muro constituye una buena iniciativa, aunque no suficiente, puesto que se impone un drástico control fronterizo. La soberanía se ejerce en un espacio territorial concreto, constituyendo una manifestación del derecho soberano de cualquier Estado el control de sus fronteras, así como de los espacios aéreos y marítimos. Es momento de prestar atención a la desproporcionada inmigración haitiana que ya rebasa los límites de lo tolerable. Cada día que pasa perdemos territorio, soberanía e identidad. El pueblo dominicano comienza a manifestar honda preocupación sobre este grave problema que ha resultado ajeno a la clase política y empresarial.

El Acuerdo Dominico-Haitiano, suscrito en Washington en 1938, dispone en su artículo 10 el compromiso que tiene cada Estado para evitar la penetración irregular de sus nacionales en el territorio del Estado vecino, sobre todo cuando no posean documentos de identidad y el correspondiente permiso o visado.

Este documento prevé que se deben repatriar a los nacionales que se encuentren en el territorio de otro Estado, en violación a las leyes o que fueren declarados indeseables por las autoridades competentes. Asimismo, consigna que cada Estado se compromete a someter a la acción de la justicia a cualquier nacional que, habiendo cometido un delito en el territorio de otro Estado, se refugie en el suelo patrio.

En otro orden, los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley No. 169-14, redactada en los EEUU por la firma Steptoe y Johnson, el 13 de diciembre de 2013, todavía no han sido conocidos ni fallados por el Tribunal Constitucional. La finalidad de esa ley, elaborada en el extranjero y aprobada sin cambiar ni un punto ni una coma por los sumisos legisladores de entonces, es diluir la frontera jurídica de la nacionalidad establecida por la sentencia TC/0168/13.

De conformidad con un oficio expedido por el propio Ministerio de Interior y Policía en octubre de 2020, los requisitos contemplados en la Ley No. 169/14 no se avienen con lo establecido por la Ley No. 1683 de 1948 sobre Naturalización. En consecuencia, la frontera jurídica está clara, bastaría la aplicación de los acuerdos suscritos y la ley sobre migración para buscar una salida armoniosa a este espinoso asunto.

En caso contrario, cualquier día puede encenderse la llama de un fuego que podría culminar en una catástrofe. Sería suficiente un incidente en apariencia intrascendente. El barril está lleno de pólvora y cualquier chispa podría detonarlo. Todavía estamos a tiempo de evitar un conflicto.

Al mirar hacia el otro lado no hacemos otra cosa que profundizar un malestar que en algún momento debemos enfrentar. El drama haitiano requiere ayuda y no es obligación exclusiva de los dominicanos resolverlo. Asumamos con la debida responsabilidad este reto antes de que sea tarde. Estamos perdiendo el país ante la indiferencia de los sectores que podrían incidir para evitarlo.

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