Inconsistencias de la política exterior norteamericana en relación al Acuerdo Dominico-Haitiano de 1938

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Para resolver el conflicto generado con ocasión de los lamentables acontecimientos de 1937, se suscribió en enero de 1938, en la capital norteamericana, el Acuerdo Dominico-Haitiano. Este histórico documento, todavía vigente, contó con la anuencia del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, de su homólogo mexicano, Lázaro Cárdenas y del mandatario cubano, Federico Laredo Bru. Estos jefes de Estado, representando sus respectivos Gobiernos, fueron garantes de una solución negociada que contiene aspectos fundamentales con relación al respeto de la soberanía y convivencia pacífica de ambos pueblos que comparten el dominio de la isla.

La portentosa maquinaria diplomática de la dictadura se vio obligada a emplearse a fondo para resolver este trance que adquirió dimensiones internacionales. En los artículos 3 y 4 del acuerdo se estipuló el pago de una suma para compensar a las autoridades del vecino país, pero lo más significativo son las motivaciones mediante las cuales el Gobierno dominicano decidió reparar los daños causados. Una de las referidas motivaciones expresa que entre los perjuicios ocasionados se encuentra “el regreso en masa sobre el territorio haitiano de las personas de nacionalidad haitiana que vivían en el territorio dominicano (…)”. Para esa época ya la Organización de las Naciones Unidas había realizado un estudio que determinó como única solución a la miseria del pueblo haitiano la salida sin regreso de una porción de su población a otros países que estuviesen dispuestos a acogerlos.

Su reducida extensión territorial, descontrolada reproducción y cultura depredadora son algunos de los factores que determinaron prematuramente su inviabilidad como nación. De ahí que el afán por ocupar este lado ha constituido para ellos un tema de espacio vital, razón por la cual todavía se resisten a reconocer sus límites territoriales. Todos estos intereses han contribuido a fomentar un sentimiento de animadversión hacia los dominicanos. Simplemente nos perciben como enemigos, abrigando un profundo resentimiento a una población que históricamente ha asumido una actitud defensiva y que, además, se ha caracterizado por su desmedida solidaridad.

El maestro e intelectual, Rafael Augusto Sánchez, en su obra “Curso de Derecho Internacional”, al reproducir y comentar el Informe de las Naciones Unidas, señaló que “sería preciso, pues, considerar seriamente la posibilidad de alentar la emigración como medio de neutralizar esta tendencia y de remediar los efectos graves de la superpoblación”. Al referirse a la emigración “como único medio de balancear la estrechez geográfica de Haití y su poca capacidad productiva”, en consonancia con el Informe de las Naciones Unidas, apuntó que en la región de Las Antillas otros países desearían recibir parte de ese conglomerado para impulsar el desarrollo de sus economías. Para aquella época ya las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estaban dispuestas a iniciar un plan piloto para que familias enteras emigraran sin posibilidad de retorno, comprometiendo así a otros países de América a recibir parte del excedente de la población haitiana.

A mediados del siglo pasado se tenía plena conciencia de los trastornos que ocasionaba su prolífica reproducción y hábitos atávicos, que contrastan con los demás países de la región del Caribe. El Informe de la Misión de las Naciones Unidas de aquel entonces expresó: “Consciente del hecho de que Haití estará, durante muchos años aún, apresada por una población sin cesar creciente, que pesa grandemente sobre los limitados recursos del país, la misión recomienda que se examine con el mayor cuidado, la posibilidad de alentar la emigración, como medio de remediar el grave problema de la superpoblación”. Más claro no pudo ser este documento que reconoció, oportunamente, el contraste entre su presión demográfica y exiguos recursos naturales.

QUE HA SUCEDIDO

¿Qué ha sucedido a partir de la lejana fecha en que se redactó ese Informe? Sencillamente que todos los países han dado la espalda al drama haitiano, orquestándose, a su vez, un plan en el que tanto enemigos internos como externos se han organizado para estimular un masivo flujo migratorio hacia nuestro territorio y así abatir gradualmente las bases sobre las cuales se forjó, a fuerza de innumerables sacrificios, la nacionalidad dominicana.

Esa irresistible y permanente afluencia de extranjeros, sumado a las parturientas que vienen a alumbrar a los hospitales dominicanos, presionando el presupuesto de salud pública, constituye la válvula de escape que hace muchos años fue prevista, como una necesidad ineludible, por el Informe de las Naciones Unidas. En otras palabras, lo que se planteó en ese estudio que data de 1949 no fue otra cosa que la continuación del esfuerzo norteamericano que se inició en el período que va desde 1916 hasta 1924, el cual había sido previamente definido por Jefferson en 1801 cuando sugirió a los franceses e ingleses confinar en la isla de Santo Domingo a los negros que no fueran útiles en los países desarrollados.

Claro, la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos, Francia y Canadá, lejos de prestar atención al Informe de las Naciones Unidas para que se produjeran emigraciones hacia distintos países con débil densidad poblacional y que tuviesen un “tronco común” con Haití, han creado las condiciones para dirigir ese flujo migratorio únicamente hacia la República Dominicana, que no tiene la misma cultura, lengua, religión, raza, costumbres ni tradiciones que las del pueblo haitiano.

Precisamente en este punto es que se manifiesta a cabalidad la duplicidad de la política exterior norteamericana. En una interesante recopilación de documentos, William Páez Piantini organizó los acuerdos y tratados relativos a las relaciones de ambos países, entre los cuales se encuentra el de 1938, así como el modus operandi para su funcionamiento. Cabe destacar, además, el interesante intercambio epistolar entre los entonces mandatarios, sobre todo las posiciones asumidas por Franklin D Roosevelt y Rafael L. Trujillo.

En las cartas suscritas por los exmandatarios, en las que se acogen a los principios del Derecho Internacional y de la Conferencia de Consolidación de la Paz de Buenos Aires, se observa el compromiso asumido por los Gobiernos de México, Cuba y los Estados Unidos para solucionar las diferencias dominico-haitianas. ¿Cómo se explica que, siendo el Gobierno de los Estados Unidos garante del Acuerdo de Washington de 1938, en el que ambas partes se comprometieron a cooperar para detener el flujo masivo de inmigrantes ilegales hacia la República Dominicana, sea actualmente uno de los promotores del desconocimiento del referido convenio al imponernos la Ley No 169/14?

¿Qué sentido tienen los pactos internacionales si finalmente termina imponiéndose, como afirma Noam Chomski, la ley del más fuerte? Se debe concluir que de poco o nada sirven los mismos, toda vez que a final de cuentas los más poderosos imponen su voluntad sobre los más desvalidos.

Esa inconsistencia de la política exterior norteamericana, que se mueve al compás de intereses coyunturales, desconociendo la historia, idiosincrasia y voluntad de los pueblos, termina por convertirse en bumerán que genera un sentimiento de animadversión hacia esa gran nación. Rousseau, al referirse a la diferencia entre el poder y la voluntad, expresó que el primero se transmite, pero no la segunda. La estrategia de estimular el endeudamiento externo, nuevo mecanismo de dominación que erosiona la soberanía económica de los países pobres, sumado al fenómeno de la corrupción, ha causado estragos al incrementar la pobreza y el consecuente éxodo de millones de seres humanos que acuden constantemente a las naciones industrializadas en búsqueda de oportunidades que no pueden proporcionarles sus propios países.

El expresidente Trump, al referirse a esa emigración descontrolada hacia suelo norteamericano, expresó que la corrupción era una de las causas por las que tantas personas salían a buscar oportunidades. Por eso, fue enfático en su compromiso de castigar a los gobernantes corruptos de estos países que generalmente no son alcanzados por la acción de la justicia. Se le debe reconocer que detectó en el fenómeno de la corrupción una de las principales causas por las cuales tantas personas huyen de su lar nativo. Ese mismo criterio debería ser aplicado al caso haitiano, país que necesita de la cooperación internacional, para paliar la crisis permanente en que se encuentra y, a su vez, aliviar así la pesada e insostenible carga del pueblo dominicano.

La solución del caso haitiano no es responsabilidad exclusiva de los dominicanos. Somos un pueblo generoso, solidario y batallador que puede pecar de ser excesivamente tolerante, pero hasta un punto. Se equivocan los estrategas de la política exterior de las potencias foráneas que propician la invasión pacífica al suelo patrio, pretendiendo fusionar gradualmente ambos pueblos, a expensas de diluir la soberanía de uno de ellos. Eso es desconocer la historia y olvidar que uno de los métodos de interpretación más precisos es el histórico, puesto que lo que somos hoy es producto de lo que sucedió ayer. El patriotismo es el hilo conductor de la historia dominicana, reflejado en numerosas batallas y mártires que ofrendaron vidas y bienes, ejemplo imperecedero que sobrevivirá las barreras del tiempo y espacio. Eso lo deberían tener claro las naciones que evaden su responsabilidad histórica, errando en sus cálculos e incurriendo en serias inconsistencias de una política exterior condenada inexorablemente al fracaso.

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