VENEZUELA: Organizaciones exigen derogar norma “registro terrorismo”

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Unas 600 organizaciones no gubernamentales de Venezuela expresaron su rechazo “categórico y definitivo” a una providencia oficial que les exige registrarse ante una oficina gubernamental “contra la delincuencia y financiamiento al terrorismo”, porque la consideran ilegal.

El gobierno venezolano publicó en la Gaceta Oficial, el pasado 30 de marzo, una normativa que crea el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, donde estarán expuestos a la fiscalización de sus listas de donantes, movimientos financieros, actas constitutivas, beneficiarios y socios.

Al menos 663 de estas organizaciones no gubernamentales, firmaron un pronunciamiento en el que repudian la medida por “constituir un acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado”.

Según las organizaciones firmantes, el ministerio de Interior del presidente Nicolás Maduro podrá, asimismo, vigilar las asambleas, miembros y personal de estas organizaciones civiles “bajo la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo y otros, o de vulnerabilidad a estos delitos, por no estar sujetas al control de un órgano público específico o reguladas por una ley especial”.

La disposición gubernamental obliga al registro antes del 1 de mayo próximo, es decir, dentro de apenas 10 días, de todas las personas naturales o jurídicas “de naturaleza no financiera”, especialmente a las organizaciones sin fines de lucro.

La norma amenaza con decisiones de ilegalización e inclusive cárcel para quienes la incumplan. De acuerdo con los firmantes, la medida pone en riesgo los roles de miles de organizaciones venezolanas que brindan apoyo a sectores vulnerables en un contexto donde “millones de familias requieren asistencia y protección frente a la miseria, el hambre, la grave situación de salud y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos”.

Organizaciones como Amnistía Internacional, Provea, el Centro de Justicia y Paz, Cofavic y diversos gremios profesionales, como el Colegio de Abogados, califican la nueva regla administrativa No. 001-2021 de la Gaceta Oficial 42.098 como “una normativa sublegal, que regula asuntos reservados a las leyes”.

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