Los abogados que defienden al mayor general Adán Cáceres Silvestre afirman que la decisión de éste ha sido fruto no se una correcta aplicación de la ley sino del miedo de la Juez que conoció el caso a ser condenada por una sociedad que ha sido «prejuiciada y condicionada por el Ministerio Público».
Romer Jiménez, en nombre del grupo, opinó que la jueza de la instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, ordenó encerrar a Cáceres de manera preventiva durante año y medio sin siquiera referir algún elemento que demuestre que éste podría haberse sustraerse del proceso u ocultar pruebas.
Alegó que el Ministerio Público presentó miles de documentos en apoyo de su solicitud de medidas de coerción, los cuales recopiló mientras el imputado estaba en libertad y consciente de que era investigado.
A su juicio, no tiene ninguna lógica pedir a un juez que encierre a Cáceres para evitar que oculte y destruya pruebas, cuando él mismo se ha mostrado siempre dispuesto a colaborar con la investigación en su contra.
Destacó que la presunción de inocencia se destruye con un veredicto de culpabilidad, apoyado en pruebas que ni siquiera se le permitió a la defensa refutarlas como se debe hacer en un debido proceso de ley.
Cáceres, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, y actual titular de su escolta, ha sido imputado por las autoridades por supuestamente formar parte de un grupo que estafó al Estado con grandes sumas de dinero. Otros acusados son el exjefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Félix Alburquerque, y el del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general de Brigada, Juan Carlos Torres.
También la pastora Rossy Guzmán; el cabo Tanner Antonio Flete, hijo de la religiosa; el coronel de la Policía y contable, Rafael Núñez de Aza, miembro de la seguridad de Medina; el teniente coronel de la Policía, Raúl Girón, y el sargento de la Armada Alejandro José Montero.
En contra de ellos laas autoridades mantienen la denominada «Operación Coral».
