Mediante Decreto No.\u00a022-21, de fecha 13 de enero de 2021, el presidente de la Rep\u00fablica Luis Abinader conform\u00f3 un equipo de abogados a los que encomend\u00f3 la tarea de \u201crepresentar\u201d al Estado dominicano en las acciones y procesos judiciales tendentes a la recuperaci\u00f3n del patrimonio p\u00fablico que haya sido distra\u00eddo ya sea en administraciones pasadas o en la presente.<\/p>\n
Mediante el referido decreto se instruye a la Consultor\u00eda Jur\u00eddica del Poder Ejecutivo la conformaci\u00f3n de un equipo de abogados de reputada trayectoria, prestigio y notoriedad.<\/p>\n
La contrataci\u00f3n de ese equipo de abogados obtendr\u00e1 cientos de millones de pesos como pago del 15 % del\u00a0patrimonio p\u00fablico recuperado, as\u00ed lo deja dicho el contrato firmado por el Estado con el equipo de juristas.<\/p>\n
El equipo de recuperaci\u00f3n del patrimonio p\u00fablico, compuesto por 21 abogados, tiene la potestad de hacer acuerdos civiles con empresas y personas, incluso,\u00a0 no acusadas por el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n
Con el mencionado contrato, el Gobierno pone en juego una bolsa acumulada de alrededor de tres mil millones de pesos que ser\u00eda repartida entre 21 abogados en procedimientos de recuperaci\u00f3n, cobranza judicial, acuerdos, entre otros.<\/p>\n
Se llevan a cabo estas acciones, de manera sistem\u00e1tica, no con el fin de satisfacer el inter\u00e9s general, sino de obtener el incentivo y en relaci\u00f3n con asuntos que no necesariamente incid\u00edan en la protecci\u00f3n de derechos colectivos.<\/p>\n
El debate acerca de la conveniencia de promover e incentivar, con jugosas recompensas, estas oficinas de abogados \u201ccazarrecompensas\u201d que se benefician econ\u00f3micamente de las \u201cdelaciones premiadas\u201d, es decir, negociando impunidad para los que confiesan sus \u201cculpas\u201d, surge de nuevo en la opini\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
La figura de los abogados cazarrecompensas, si bien puede en principio mostrarse como algo atractivo, tiene tambi\u00e9n grav\u00edsimas desventajas y no pocos aspectos siniestros que indican que est\u00e1 lejos de ser una panacea, y se aconseja abordarla con extrema cautela y prudencia.<\/p>\n
En sus actuaciones impera m\u00e1s el inter\u00e9s pecuniario que el de practicar una verdadera justicia punitiva, lo que pudiera provocar que, en ocasiones,\u00a0 echen a un lado normas y principios jur\u00eddicos fundamentales con el fin de lograr sus prop\u00f3sitos econ\u00f3micos.<\/p>\n
La justicia penal dominicana se siente seriamente amenazada con esta nueva forma de procurar justicia, chantajeando y extorsionando a imputados para que declaren en perjuicio de otros y \u201cdevuelvan\u201d grandes sumas de dinero, no import\u00e1ndoles que con ello se lleven de paro el debido proceso que debe imperar en todo procedimiento judicial que se le lleve a un ciudadano.<\/p>\n
Si el Estado desea, ciertamente, recuperar bienes que fueron sustra\u00eddos de manera ilegal por algunas personas, lo que proceder\u00eda, conforme al r\u00e9gimen jur\u00eddico vigente, ser\u00eda constituirse en parte civil contras los acusados, y as\u00ed poder realizar los reclamos por da\u00f1os materiales y morales causados.<\/p>\n
Es una l\u00e1stima que luego de tantos a\u00f1os de lucha y tantos avances en el sistema judicial dominicano, hoy se pretenda impulsar desde el gobierno una figura, que adem\u00e1s de no estar sustentada en ning\u00fan precepto legal, constituye, por los prop\u00f3sitos que trae, y la forma de operar, una verdadera aberraci\u00f3n jur\u00eddica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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