{"id":113987,"date":"2024-11-23T00:52:47","date_gmt":"2024-11-23T00:52:47","guid":{"rendered":"https:\/\/thelatinpostny.com\/?p=113987"},"modified":"2024-11-23T00:52:47","modified_gmt":"2024-11-23T00:52:47","slug":"proteccion-de-datos-personales-reglamento-de-la-suprema-corte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thelatinpostny.com\/?p=113987","title":{"rendered":"Protecci\u00f3n de datos personales:  reglamento de la Suprema Corte"},"content":{"rendered":"<p><b>POR CARLOS SALCEDO<\/b><\/p>\n<p>Recientemente, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprob\u00f3 una resoluci\u00f3n mediante la cual puso en vigor un reglamento denominado \u201cPol\u00edtica de Protecci\u00f3n de Datos del Poder Judicial\u201d (el reglamento), como resultado de la actitud proactiva que deben asumir los \u00f3rganos encargados de garantizar el cumplimiento de los principios y obligaciones derivados del tratamiento de datos personales.<\/p>\n<p>Seg\u00fan lo indicado en aludido reglamento, la SCJ lo hace como resultado de la\u00a0<i>ponderaci\u00f3n del derecho a la informaci\u00f3n y la transparencia, con el derecho fundamental a la intimidad y a la protecci\u00f3n de datos de car\u00e1cter personal, partiendo de la disminuci\u00f3n del uso de datos personales prescindibles en las decisiones de los juzgados y tribunales de la Rep\u00fablica.<\/i><\/p>\n<p>Sus nobles prop\u00f3sitos son los de establecer reglas para proceder a la disociaci\u00f3n (separaci\u00f3n) o anonimizaci\u00f3n de los datos considerados personales (la eliminaci\u00f3n de la referencia a la identidad de una persona) y aplicarlo previo a las decisiones judiciales, en cuyo caso el tribunal es el que decide qu\u00e9 datos personales podr\u00edan no aparecer en la decisi\u00f3n.<\/p>\n<p>En dicho reglamento, la SCJ considera que\u00a0<i>\u201cPor regla general, los expedientes judiciales no son objeto de publicaci\u00f3n, y dado que contienen documentos y datos personales de las partes, su acceso es posible siempre que se realice respetando la protecci\u00f3n de los datos personales que el mismo contenga\u2026Estos documentos s\u00f3lo son utilizados durante la tramitaci\u00f3n del procedimiento y con el objetivo final de que se dicte una decisi\u00f3n por el \u00f3rgano jurisdiccional que resuelva el caso que se est\u00e9 juzgando\u201d<\/i>.<\/p>\n<p><b>Falta de certeza\u00a0<\/b><\/p>\n<p>Se trata de un enunciado incierto. Efectivamente, el mismo art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica (CR) es el que contiene la regla general de respeto y no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo; pero, es la misma previsi\u00f3n constitucional, en su numeral 2, la que dispone que\u00a0<i>toda persona tiene el derecho a acceder a la informaci\u00f3n y a los datos que sobre ella reposen en los registros oficiales o privados y conocer el destino y uso que se haga de ellos y que podr\u00e1 solicitar ante la autoridad judicial competente la actualizaci\u00f3n, oposici\u00f3n al tratamiento, rectificaci\u00f3n o destrucci\u00f3n de aquellas informaciones que afecten ileg\u00edtimamente sus derechos<\/i>.<\/p>\n<p>De ah\u00ed que el principio general de privacidad tiene como correspondencia, para fines de garantizar su tutela efectiva, el acceso a la informaci\u00f3n que figuran en los registros p\u00fablicos y privados para su debida actualizaci\u00f3n, correcci\u00f3n o cancelaci\u00f3n, por contener informaciones falsas, imprecisas o err\u00f3neas.<\/p>\n<p><b>Directrices constitucionales\u00a0<\/b><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-995690 alignright\" src=\"https:\/\/almomento.net\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/regla-300x225.gif\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" srcset=\"https:\/\/almomento.net\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/regla-300x225.gif 300w, https:\/\/almomento.net\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/regla-127x95.gif 127w, https:\/\/almomento.net\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/regla-333x250.gif 333w, https:\/\/almomento.net\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/regla-293x220.gif 293w\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"225\" \/><\/p>\n<p>Esa es la directriz de protecci\u00f3n constitucional, la cual tiene su correlato en el art\u00edculo 70 de la Constituci\u00f3n que consagra el\u00a0<i>h\u00e1beas data<\/i>\u00a0y en el art\u00edculo 64 de la Ley del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, n\u00fam. 137-11. En virtud de estas disposiciones\u00a0<i>toda persona tiene derecho a una acci\u00f3n judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de datos p\u00fablicos o privados y, en caso de falsedad o discriminaci\u00f3n, exigir la suspensi\u00f3n, rectificaci\u00f3n, actualizaci\u00f3n y confidencialidad de aqu\u00e9llos, conforme a la ley. No podr\u00e1 afectarse el secreto de las fuentes de informaci\u00f3n period\u00edstica\u00a0<\/i>(Art. 70 CR y, de manera similar, el Art. 64 de la ley 137-11)<i>.<\/i><\/p>\n<p>Asimismo, el propio art\u00edculo 44, numeral 3, establece que el manejo, uso o tratamiento de datos o informaciones de car\u00e1cter oficial que recaben las autoridades encargadas de la prevenci\u00f3n, persecuci\u00f3n y castigo del crimen, s\u00f3lo podr\u00e1n ser tratados o comunicados a los registros p\u00fablicos, a partir de que haya intervenido una apertura juicio,\u00a0<b>de conformidad con la ley<\/b>.<\/p>\n<p>Efectivamente, la ley, particularmente el C\u00f3digo Procesal Penal (CPP) establece en su art\u00edculo 290 el car\u00e1cter de las actuaciones, al indicar que\u00a0<i>el procedimiento preparatorio no es p\u00fablico para los terceros. Las actuaciones s\u00f3lo pueden ser examinadas por las partes<\/i>. Con ello la ley regula y limita el que los terceros puedan conocer del proceso de investigaci\u00f3n, como los datos personales a los que se contrae el reglamento de la SCJ, con el consiguiente resguardo de los datos personales de los involucrados en el proceso.<\/p>\n<p>La propia ley, siguiendo la hilada constitucional, establece excepciones. As\u00ed,<i>\u00a0<\/i>el mismo art\u00edculo 290 del CPP dispone que\u00a0<i>cuando el imputado\u00a0<\/i>-investigado-<i>\u00a0sea un funcionario p\u00fablico a quien se le atribuye la comisi\u00f3n de una infracci\u00f3n en el ejercicio de sus funciones o en ocasi\u00f3n de \u00e9l, o se trate de una infracci\u00f3n que afecta el patrimonio p\u00fablico, los medios de comunicaci\u00f3n pueden tener acceso a aquellas actuaciones que a juicio del ministerio p\u00fablico no perjudiquen la investigaci\u00f3n ni vulneren los derechos del imputado<\/i>.<\/p>\n<p><b>Publicidad de los juicios e inter\u00e9s general sobre el particular<\/b><\/p>\n<p>De ah\u00ed que, la Constituci\u00f3n garantiza la protecci\u00f3n del derecho a la intimidad y a la protecci\u00f3n de datos personales, pero no ignora que esto debe ser conciliado con otros derechos, particularmente con el derecho que, en una sociedad democr\u00e1tica, tienen los ciudadanos, los medios de comunicaci\u00f3n y la prensa, a conocer de la labor y decisiones de los tribunales.<\/p>\n<p>Ahora bien, es por el respeto y el cuidado de la intimidad y datos personales, que esto est\u00e1 regulado y se mantiene el car\u00e1cter discreto del proceso judicial hasta que, en audiencia preliminar, sea ordenado apertura a juicio, a partir de cuyo momento pasa el expediente a los registros p\u00fablicos del Poder Judicial, sin exclusiones de informaciones contenidas en las decisiones judiciales correspondientes.<\/p>\n<p>Esto as\u00ed porque la propia Constituci\u00f3n en su art\u00edculo 69.4 dispone que para la protecci\u00f3n de sus derechos e intereses leg\u00edtimos,<i>\u00a0toda persona tiene el derecho a un juicio p\u00fablico, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa<\/i>.<\/p>\n<p>A ello se une el hecho de que la Constituci\u00f3n y la ley han tomado en cuenta que, si bien la protecci\u00f3n de la intimidad de los imputados y demandados merecen la protecci\u00f3n, la ley as\u00ed lo regula, permaneciendo las actuaciones ajenas a los archivos oficiales antes del juicio (de fondo). Adem\u00e1s, los derechos fundamentales bajo an\u00e1lisis, como el de preservaci\u00f3n del derecho particular a la intimidad, deben ponderarse, esto es, valorarse imparcial y proporcionalmente, y contraponerse con otro principio, que, en el caso indicado, es el del inter\u00e9s general, como el de la publicidad del juicio y, con ello, sus consecuencias, como lo es la sentencia, prevaleciendo el \u00faltimo principio sobre el individual o particular.<\/p>\n<p>La finalidad constitucional es que los ciudadanos sometidos a un proceso judicial tengan la oportunidad de que su proceso se d\u00e9 de cara al sol, sin arbitrariedad por parte del sistema judicial, con imparcialidad, eficiencia y\u00a0 que, con ello, el ciudadano pueda ver, fiscalizar y evaluar si los jueces en sus decisiones cumplieron con el principio de independencia y de su par, el de imparcialidad, resguardando los derechos de la sociedad all\u00ed representada como los derechos y garant\u00edas del ciudadano incurso en un proceso.<\/p>\n<p>Entonces, por regla general, una vez agotado el proceso de investigaci\u00f3n, haya acusaci\u00f3n, se conozca la fase intermedia -la audiencia preliminar- y se ordene una apertura a juicio, los expedientes pueden ser comunicados al registro p\u00fablico, sin m\u00e1s limitaciones que las dispuestas por la ley. Adem\u00e1s, el art\u00edculo 26 de la Ley Org\u00e1nica de la Suprema Corte de Justicia le ordena a esta la publicaci\u00f3n mensual de sus decisiones en el Bolet\u00edn Judicial.<\/p>\n<p>Esto, sin excepci\u00f3n de datos, para que el Estado, por medio del Ministerio P\u00fablico, en los casos penales, y las partes del proceso, en estos asuntos, como en los de otras materias, puedan derivar las consecuencias legales correspondientes. Las excepciones o regulaci\u00f3n de la publicaci\u00f3n de las sentencias \u00edntegramente, deben provenir de una ley, como ocurre en los casos del C\u00f3digo para la Protecci\u00f3n de los Derechos de los Ni\u00f1os, Ni\u00f1as y Adolescentes\u201d, n\u00fam. 136-03; la Ley sobre VIH-SIDA, n\u00fam. 135-11; la Ley sobre Protecci\u00f3n de la Imagen, Honor e Intimidad Familiar Vinculados a Personas Fallecidas y Accidentadas, n\u00fam. 192-19, entre otras leyes.<\/p>\n<p>Todo ciudadano tiene, pues, el derecho de conocer lo que decidieron los tribunales en los casos de cualquier persona, por encumbrada o humilde que sea, cu\u00e1l fue el nivel de eficiencia del sistema, y, tambi\u00e9n, c\u00f3mo operaron las garant\u00edas en cada caso. Es lo que permite determinar la igualdad o diferencia de trato que el sistema judicial le ha podido brindar a uno y a otro y le ayuda a fiscalizar los niveles de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y de los principios del proceso a todas las partes imbricadas en este.<\/p>\n<p><b>Inconstitucionalidad del reglamento de la SCJ\u00a0<\/b><\/p>\n<p>El reglamento de la SCJ es una decisi\u00f3n de dicho \u00f3rgano que desborda los l\u00edmites de su competencia, al tiempo que obra como una intromisi\u00f3n en los asuntos que son de la competencia exclusiva del Poder Legislativo, \u00fanico \u00f3rgano estatal que, en virtud del art\u00edculo 44, ya citado, y del art\u00edculo 93.1.q, tiene la facultad para legislar y regular dicho el derecho a la intimidad y con ello el manejo de los datos que figuran en los expedientes del Poder Judicial.<\/p>\n<p>Y es que, por el principio de legalidad, los poderes p\u00fablicos s\u00f3lo pueden actuar si una ley le atribuye determinadas competencias y atribuciones, principio \u00a0jur\u00eddico fundamental del Estado Constitucional (de Derecho), que establece que la actuaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos debe cumplir con la ley y la Constituci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>POR CARLOS SALCEDO Recientemente, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprob\u00f3 una resoluci\u00f3n mediante la cual puso en vigor un reglamento denominado \u201cPol\u00edtica de Protecci\u00f3n de Datos del Poder Judicial\u201d (el reglamento), como resultado de la actitud proactiva que deben asumir los \u00f3rganos encargados de garantizar el cumplimiento de los principios y obligaciones derivados del [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":113994,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-113987","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-opinion"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/113987","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=113987"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/113987\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":113998,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/113987\/revisions\/113998"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/113994"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=113987"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=113987"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=113987"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}