{"id":125913,"date":"2025-08-30T19:15:52","date_gmt":"2025-08-30T19:15:52","guid":{"rendered":"https:\/\/thelatinpostny.com\/?p=125913"},"modified":"2025-08-30T19:15:52","modified_gmt":"2025-08-30T19:15:52","slug":"la-denuncia-ciudadana-instrumento-de-control-social-en-el-estado-de-derecho","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thelatinpostny.com\/?p=125913","title":{"rendered":"La denuncia ciudadana: instrumento de control social en el estado de derecho"},"content":{"rendered":"<p><b>Por DEMI FELIX DOMINGUEZ<\/b><\/p>\n<p>La Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, en su art\u00edculo 23, reconoce que todos los ciudadanos deben gozar del derecho y la oportunidad de participar en la direcci\u00f3n de los asuntos p\u00fablicos, ya sea directamente o por medio de sus representantes. En sinton\u00eda con este principio, la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Dominicana configura la participaci\u00f3n ciudadana como un eje esencial de un Estado civil, republicano, democr\u00e1tico y representativo.<\/p>\n<p>El derecho de participaci\u00f3n, como se\u00f1alan Eduardo Jorge Prats y Balaguer Callej\u00f3n, constituye la plasmaci\u00f3n de la soberan\u00eda popular: un cauce que articula el principio democr\u00e1tico y legitima el poder, permitiendo un di\u00e1logo constante entre el Estado y los ciudadanos.<\/p>\n<p>Se trata, en definitiva, de una v\u00eda para que las decisiones p\u00fablicas se tomen con mayor acierto y legitimidad, al acercar la gesti\u00f3n del poder a la ciudadan\u00eda y fortalecer la confianza en las instituciones.<\/p>\n<p>La Constituci\u00f3n, en su art\u00edculo 22, reconoce diversas formas de participaci\u00f3n: la iniciativa legislativa popular, el referendo, la formulaci\u00f3n de peticiones y, de manera destacada, la denuncia de las faltas cometidas por funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Esto refleja que el ciudadano, como verdadero titular de lo p\u00fablico, no solo tiene la facultad de elegir a sus representantes, sino tambi\u00e9n el derecho y el deber de vigilar su actuaci\u00f3n, asegurando que los recursos se administren en beneficio del inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>Estos mecanismos de participaci\u00f3n configuran lo que conocemos como control social, un instrumento mediante el cual la ciudadan\u00eda ejerce vigilancia directa sobre la gesti\u00f3n y las decisiones del Estado. En un Estado de derecho, el control social se convierte en una garant\u00eda de juridicidad y de sometimiento del poder al derecho, asegurando que la autoridad se oriente a la buena administraci\u00f3n, la transparencia y el bienestar com\u00fan.<\/p>\n<p>Conviene advertir: no hablamos del falso \u201ccontrol social\u201d que pretende presionar para obtener beneficios o intereses particulares; ese no es control social, son intenciones perversas que desnaturalizan el sentido democr\u00e1tico de este derecho.<\/p>\n<p>El verdadero control social se expresa en mecanismos que fortalecen la legitimidad del sistema democr\u00e1tico, porque permite que la ciudadan\u00eda incida en la toma de decisiones y fiscalice la gesti\u00f3n p\u00fablica con base en el inter\u00e9s general. Entre sus distintas manifestaciones, la denuncia ocupa un lugar fundamental.<\/p>\n<p>El numeral 5 del citado art\u00edculo 22 la consagra expresamente como derecho ciudadano frente a las faltas de los funcionarios, consolidando as\u00ed la importancia de esta herramienta en la lucha contra la corrupci\u00f3n administrativa.<\/p>\n<p>En el a\u00f1o 2024, el Tribunal Constitucional dominicano, mediante la Sentencia TC\/1248\/24, reafirm\u00f3 la naturaleza constitucional de la denuncia y precis\u00f3 que el denunciante no adquiere la condici\u00f3n de parte procesal, ya que su rol se limita a informar y a ser notificado del resultado.<\/p>\n<p>Lejos de interpretarse como una restricci\u00f3n, este criterio tiene un sentido protector: busca evitar que el ciudadano cargue con obligaciones procesales que corresponden a las autoridades competentes, garantizando que la denuncia siga siendo una herramienta segura y accesible de control social al servicio de la democracia.<\/p>\n<p>Ahora bien, espec\u00edficamente en materia de fiscalizaci\u00f3n de los recursos p\u00fablicos, este marco se complementa con el art\u00edculo 246 de la Constituci\u00f3n, que reconoce la participaci\u00f3n de la sociedad en la vigilancia del gasto estatal.<\/p>\n<p>La Ley n\u00fam. 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, desarrolla este mandato en su art\u00edculo 10, al se\u00f1alar que el control social es un medio de fiscalizaci\u00f3n ciudadana en defensa del gasto p\u00fablico y que se interrelaciona con los \u00f3rganos estatales mediante la provisi\u00f3n de informaci\u00f3n relevante.<\/p>\n<p>De esta forma, los resultados de la participaci\u00f3n ciudadana se integran con los del control fiscal, reforzando la transparencia y el inter\u00e9s general.<\/p>\n<p>La experiencia internacional ampl\u00eda este horizonte. En el caso Viteri vs. Ecuador (2023), la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo reconoci\u00f3 la denuncia como derecho, sino que estableci\u00f3 el deber de los funcionarios p\u00fablicos de denunciar actos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, orden\u00f3 a los Estados implementar garant\u00edas efectivas de protecci\u00f3n a los denunciantes, para evitar represalias y prevenir el chilling effect, ese temor paralizante que inhibe la denuncia y alimenta el silencio y la impunidad, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones.<\/p>\n<p><b>Pieza clave<\/b><\/p>\n<p>Tanto la jurisprudencia dominicana como el sistema interamericano reflejan una tendencia clara: la denuncia es una pieza clave en la defensa del inter\u00e9s p\u00fablico y en la prevenci\u00f3n de la corrupci\u00f3n. En el \u00e1mbito nacional, se reafirma como un derecho ciudadano protegido frente a riesgos procesales; en el plano interamericano, se eleva a un est\u00e1ndar reforzado que combina derecho, deber y garant\u00edas de protecci\u00f3n. Ambas perspectivas se complementan, generando un marco m\u00e1s robusto para la defensa del inter\u00e9s colectivo.<\/p>\n<p>Lo esencial es que el control social se ha consolidado como un mecanismo indispensable para fortalecer la democracia y recuperar la confianza en lo p\u00fablico. La corrupci\u00f3n, fen\u00f3meno en constante evoluci\u00f3n, cada vez m\u00e1s creativo y sofisticado, solo puede enfrentarse con un Estado abierto y con ciudadanos activos que ejerzan su rol de guardianes de la legalidad.<\/p>\n<p>La denuncia, acompa\u00f1ada de canales accesibles y de la debida protecci\u00f3n para quienes se atreven a ejercerla, constituye la v\u00eda m\u00e1s efectiva para asegurar que los recursos p\u00fablicos se manejen con integridad y que el inter\u00e9s general prevalezca siempre sobre los intereses particulares. Como lo recuerda nuestro himno nacional: \u201cNing\u00fan pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por DEMI FELIX DOMINGUEZ La Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, en su art\u00edculo 23, reconoce que todos los ciudadanos deben gozar del derecho y la oportunidad de participar en la direcci\u00f3n de los asuntos p\u00fablicos, ya sea directamente o por medio de sus representantes. 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