{"id":135687,"date":"2026-06-23T15:59:28","date_gmt":"2026-06-23T15:59:28","guid":{"rendered":"https:\/\/thelatinpostny.com\/?p=135687"},"modified":"2026-06-23T15:59:28","modified_gmt":"2026-06-23T15:59:28","slug":"los-funcionrios-estan-para-que-le-digan-de-todo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thelatinpostny.com\/?p=135687","title":{"rendered":"Los funcionrios est\u00e1n para que le digan de todo"},"content":{"rendered":"<p>De acuerdo al derecho internacional o convencional adoptado por el Estado dominicano no puede haber delito de difamaci\u00f3n, calumnia e injuria contra los funcionarios, los cuales\u00a0<span lang=\"ES-MX\">deben tolerar mayor escrutinio y cr<\/span><span lang=\"ES-MX\">\u00ed<\/span><span lang=\"ES-MX\">tica.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-MX\">La jurisprudencia de la Corte IDH, cuyas sentencias son precedentes y de cumplimiento obligatorio para el Estado dominicano,\u00a0 ha sostenido que quienes ejercen funciones p\u00fablicas se exponen voluntariamente al control social y deben tener un umbral de tolerancia m\u00e1s alto frente a cr\u00edticas, incluso duras, inc\u00f3modas o perturbadoras.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-MX\">En el caso emblem\u00e1tico Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2004), la Corte dijo que la libertad de expresi\u00f3n protege informaciones, opiniones y cr\u00edticas sobre funcionarios y asuntos de inter\u00e9s p\u00fablico. Agreg\u00f3 la Corte en este precedente que penalizar estas expresiones genera autocensura, lo cual es incompatible con una sociedad democr\u00e1tica.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-MX\">Para la Corte IDH, el derecho penal es desproporcionado para proteger el \u201chonor\u201d de funcionarios. En este sentido, ha sido tajante al afirmar que usar el derecho penal (difamaci\u00f3n, calumnia, injurias) para castigar cr\u00edticas contra funcionarios p\u00fablicos es desproporcionado.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-MX\">La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoci\u00f3 la responsabilidad internacional de Argentina por este pa\u00eds haber violado la Convecci\u00f3n Americana de Derechos Humanos -CADH-. En el Caso Kimel vs. Argentina (2008), se conden\u00f3 al Estado por sancionar penalmente a un historiador que critic\u00f3 a un juez. La Corte sostuvo que el derecho penal es el medio m\u00e1s restrictivo y el honor de funcionarios debe protegerse, preferentemente, por\u00a0<b>v\u00edas civiles<\/b>,\u00a0<b>no penales<\/b>. Alega la Corte, que las sanciones penales inhiben el debate p\u00fablico.<\/span><\/p>\n<p>El control democr\u00e1tico por parte de la sociedad a trav\u00e9s de la opini\u00f3n p\u00fablica fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gesti\u00f3n p\u00fablica, raz\u00f3n por la cual debe existir un mayor margen de tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas en el curso de los debates pol\u00edticos o sobre cuestiones de inter\u00e9s p\u00fablico, afirm\u00f3 la Corte en el c<span lang=\"ES-MX\">aso Ricardo Canese vs. Paraguay (2004) y dijo que el debate pol\u00edtico goza del m\u00e1ximo nivel de protecci\u00f3n e incluso afirmaciones severas o inc\u00f3modas est\u00e1n amparadas.<\/span><\/p>\n<p><span lang=\"ES-MX\">La Corte IDH apunta que los particulares en su rol de cuestionador del funcionario p\u00fablico sus opiniones no son susceptibles de prueba. Exigir \u201cveracidad\u201d de una opini\u00f3n viola la libertad de expresi\u00f3n. Sancionar una opini\u00f3n cr\u00edtica por no ser \u201cverdadera\u201d es inconvencional.\u00a0<\/span>Como tal, la\u00a0opini\u00f3n no puede ser objeto de sanci\u00f3n, m\u00e1s a\u00fan cuando se trata de un juicio de\u00a0valor sobre un acto oficial de un funcionario p\u00fablico en el desempe\u00f1o de su cargo.<\/p>\n<p>En principio, la verdad o falsedad se predica s\u00f3lo respecto a hechos. De all\u00ed que no puede ser sometida a requisitos de veracidad la prueba respecto de juicios de valor indica el tribunal iberoamericano. En consonancia con lo anterior, el\u00a0Comit\u00e9 de Derechos Humanos en la Observaci\u00f3n general N\u00ba 34 dijo que queda prohibido cualquier intento coercitivo de hacer que se sustente o no una opini\u00f3n.<\/p>\n<p>L<span lang=\"ES-MX\">a Corte IDH e<\/span>n la arena del debate sobre temas de alto inter\u00e9s p\u00fablico, no s\u00f3lo protege la emisi\u00f3n de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opini\u00f3n p\u00fablica sino tambi\u00e9n la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios p\u00fablicos o a un sector cualquiera de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n<p><span lang=\"ES-MX\">Es decir, para la Corte IDH interpretando la CADH, los Estados bajo la Convenci\u00f3n ADH no pueden penalizar ni criminalizar la\u00a0<\/span>difamaci\u00f3n, calumnia e injuria contra los funcionarios. Los funcionarios est\u00e1n para que le digan de todo. Lo cuestionen de manera \u00e1cida y ofensivas.<\/p>\n<p>Estas posiciones de la Corte hacen que ninguna ley de un pa\u00eds bajo la CADH pueda penalizar la difamaci\u00f3n e injuria de los particulares cuando estos puedan afectar el bien jur\u00eddico de la moral, reputaci\u00f3n y buen nombre de los funcionarios. Al tiempo que estas sentencias de la Corte obligan a nuestros tribunales hacer un control de convencionalidad, no solamente a petici\u00f3n de parte, sino de oficio para inaplicar las penas que conlleven la difamaci\u00f3n e injuria que hacen los particulares contra los funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n<p>Aunque el Nuevo C\u00f3digo Penal contemple la criminalizaci\u00f3n o penalizaci\u00f3n de la difamaci\u00f3n e injuria que hacen los particulares contra quienes detentan el poder o funciones estatales, ning\u00fan juez, de acuerdo estas jurisprudencias iberoamericanas, puede sancionar a un particular que critique ofensivamente y \u00e1cidamente a los funcionarios. De igual forma, cualquier ley que disponga sanci\u00f3n a los particulares por difamaci\u00f3n e injuria contra funcionarios es convencional e inconstitucional.<\/p>\n<p>Estas sentencias de la Corte IDH prevalecen de cara a lo que diga el Tribunal Constitucional si las mimas ofrecen mayores protecciones a los derechos fundamentales de los particulares frente a los funcionarios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>De acuerdo al derecho internacional o convencional adoptado por el Estado dominicano no puede haber delito de difamaci\u00f3n, calumnia e injuria contra los funcionarios, los cuales\u00a0deben tolerar mayor escrutinio y cr\u00edtica. 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