Falta poco m\u00e1s de un mes para que entre en vigencia la Ley 74-25, que instituye el nuevo
\nC\u00f3digo Penal dominicano, y de repente pareciera que el pa\u00eds acaba de descubrir su contenido.
\nAbogados, gremios profesionales, iglesias, organizaciones sociales y hasta ciudadanos
\ncomunes expresan sorpresa por disposiciones que establecen penas severas para numerosos
\ndelitos. Otros anticipan que acudir\u00e1n al Tribunal Constitucional para intentar frenar o
\nmodificar algunos de sus art\u00edculos, mientras el Congreso deja claro que no tiene intenci\u00f3n de
\nrevisar la legislaci\u00f3n antes de su entrada en vigor, prevista para el pr\u00f3ximo 3 de agosto.<\/p>\n
La situaci\u00f3n deja una sensaci\u00f3n inevitable: estamos asistiendo, una vez m\u00e1s, a una vieja
\ncostumbre dominicana. Dejamos que los asuntos importantes duerman durante a\u00f1os y solo
\nreaccionamos cuando el reloj marca los \u00faltimos minutos. Es la cultura del "despu\u00e9s vemos", de
\nmirar hacia otro lado mientras el problema se acerca, hasta que finalmente nos alcanza.<\/p>\n
Pero conviene hacerse una pregunta inc\u00f3moda. Despu\u00e9s de tanto esc\u00e1ndalo y de tantas
\npreocupaciones expresadas en los \u00faltimos d\u00edas, \u00bfd\u00f3nde estaban todos esos sectores cuando el
\nC\u00f3digo Penal permaneci\u00f3 casi veinte a\u00f1os transitando por los pasillos del Congreso Nacional?<\/p>\n
Durante dos d\u00e9cadas hubo tiempo suficiente para estudiar cada art\u00edculo, advertir sus posibles
\nconsecuencias y presentar propuestas de modificaci\u00f3n. Sin embargo, la impresi\u00f3n que queda
\nes que muchos despertaron cuando la ley pr\u00e1cticamente tiene un pie en la puerta.<\/p>\n
Resulta llamativo observar c\u00f3mo algunas instituciones parecen enterarse ahora del alcance de
\ndeterminadas disposiciones. El Colegio M\u00e9dico Dominicano, por ejemplo, ha expresado
\npreocupaci\u00f3n porque determinados casos de mala pr\u00e1ctica m\u00e9dica podr\u00edan acarrear penas de
\nhasta veinte a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n
Del mismo modo, algunos abogados han iniciado una especie de revisi\u00f3n p\u00fablica, art\u00edculo por
\nart\u00edculo, advirtiendo sobre conductas que podr\u00edan ser castigadas severamente, incluso
\nacciones tan cotidianas como divulgar sin autorizaci\u00f3n mensajes privados enviados por
\naplicaciones de mensajer\u00eda.<\/p>\n
M\u00e1s recientemente, escuchaba la reflexi\u00f3n de un reconocido jurista que planteaba un aspecto
\npoco discutido del nuevo C\u00f3digo. Recordaba que una de las finalidades de la pena es procurar
\nla reinserci\u00f3n social del condenado.<\/p>\n
Es decir, que quien delinque pueda regresar alg\u00fan d\u00eda a la sociedad convertido en un mejor
\nciudadano. Pero se preguntaba qu\u00e9 sentido pr\u00e1ctico tendr\u00eda ese principio cuando una persona
\nrecibe condenas acumuladas de cuarenta o sesenta a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n
Si un joven de veinte a\u00f1os es condenado a sesenta a\u00f1os de c\u00e1rcel, recuperar\u00eda su libertad a los
\nochenta. \u00bfCu\u00e1l ser\u00eda entonces el verdadero prop\u00f3sito de la rehabilitaci\u00f3n? En esos casos, la
\nprisi\u00f3n deja de ser un espacio para reconstruir una vida y se convierte, sencillamente, en el
\nlugar donde transcurrir\u00e1 pr\u00e1cticamente toda su existencia.<\/p>\n
Este debate conduce a otra realidad ampliamente estudiada en criminolog\u00eda: el aumento de
\nlas penas, por s\u00ed solo, no elimina el delito. La experiencia internacional ofrece numerosos
\nejemplos. Existen pa\u00edses donde se aplica la pena de muerte y, aun as\u00ed, contin\u00faan ocurriendo
\nhomicidios. En otros, la corrupci\u00f3n p\u00fablica se castiga con extrema severidad, incluso con<\/p>\n
fusilamientos, y los esc\u00e1ndalos siguen apareciendo. Tambi\u00e9n hay naciones donde
\ndeterminadas conductas son castigadas p\u00fablicamente con azotes y, pese a ello, la violencia
\npersiste.<\/p>\n
La Rep\u00fablica Dominicana tampoco escapa a esa realidad. En los \u00faltimos a\u00f1os se han
\nendurecido las penas para diversos delitos, particularmente los feminicidios y la violencia de
\ng\u00e9nero.<\/p>\n
Sin embargo, las estad\u00edsticas contin\u00faan mostrando que decenas de mujeres siguen perdiendo
\nla vida cada a\u00f1o a manos de sus parejas o exparejas. Eso demuestra que combatir la
\ncriminalidad requiere mucho m\u00e1s que aumentar a\u00f1os de prisi\u00f3n. Se necesita prevenci\u00f3n,
\neducaci\u00f3n, instituciones fuertes, investigaciones eficaces y un sistema judicial que act\u00fae con
\nrapidez y certeza.<\/p>\n
Nada de esto significa que el nuevo C\u00f3digo Penal no represente un avance en muchos
\naspectos. Despu\u00e9s de m\u00e1s de un siglo con una legislaci\u00f3n desactualizada, era evidente la
\nnecesidad de modernizar el derecho penal dominicano.<\/p>\n
Sin embargo, precisamente por la trascendencia de esta reforma, el debate debi\u00f3 producirse
\nmucho antes y con una participaci\u00f3n m\u00e1s amplia de todos los sectores involucrados.<\/p>\n
Ahora el escenario parece trasladarse al Tribunal Constitucional, donde probablemente ser\u00e1n
\nimpugnadas varias de sus disposiciones. Ojal\u00e1 ese proceso contribuya a fortalecer la seguridad
\njur\u00eddica y no ocurra lo que ha sucedido con otras leyes importantes que, despu\u00e9s de m\u00faltiples
\nrecursos, modificaciones y remiendos, terminaron perdiendo coherencia y eficacia.<\/p>\n
Basta recordar la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Pol\u00edticos, cuya constante
\njudicializaci\u00f3n ha dejado disposiciones pr\u00e1cticamente inoperantes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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