{"id":141000,"date":"2026-08-24T00:58:02","date_gmt":"2026-08-24T00:58:02","guid":{"rendered":"https:\/\/thelatinpostny.com\/?p=141000"},"modified":"2026-08-25T01:02:37","modified_gmt":"2026-08-25T01:02:37","slug":"corrupcion-por-omision","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thelatinpostny.com\/?p=141000","title":{"rendered":"Corrupci\u00f3n por omisi\u00f3n"},"content":{"rendered":"
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POR LUIS M. GUZMAN<\/b><\/p>\n

Hay formas de corrupci\u00f3n que dejan contratos, transferencias y cuentas bancarias. Otras pueden esconderse detr\u00e1s de algo aparentemente menos escandaloso, un expediente abandonado, un plazo vencido, una defensa inexplicablemente d\u00e9bil o un recurso que nadie impuls\u00f3.<\/p>\n<\/div>\n

El caso de Bienes Nacionales, donde una inactividad procesal de tres a\u00f1os dej\u00f3 firme una condena de RD$2,693.9 millones, obliga a preguntar si el Estado vigila realmente d\u00f3nde puede perderse el dinero p\u00fablico.<\/p>\n

Lo ocurrido resulta todav\u00eda m\u00e1s grave porque la Suprema Corte ni siquiera lleg\u00f3 a decidir si Bienes Nacionales ten\u00eda raz\u00f3n al cuestionar aquella suma. La instituci\u00f3n alegaba que la tasaci\u00f3n inclu\u00eda calles, aceras, alumbrado y edificaciones levantadas posteriormente por el propio Estado.<\/p>\n

Sin embargo, ese debate muri\u00f3 antes de celebrarse, el recurso de casaci\u00f3n perimi\u00f3 porque durante tres a\u00f1os no fue impulsado. El Tribunal Constitucional confirm\u00f3 la consecuencia procesal, no la justeza de los RD$2,693.9 millones.<\/p>\n

Por eso reducir semejante episodio a un simple \u201cdescuido\u201d ser\u00eda una irresponsabilidad institucional. Cuando una omisi\u00f3n compromete miles de millones del contribuyente, corresponde determinar qui\u00e9n recibi\u00f3 el expediente, qui\u00e9n deb\u00eda impulsarlo, qui\u00e9n supervisaba al responsable y cu\u00e1les alertas fueron ignoradas.<\/p>\n

La propia Ley 41-08 considera falta de tercer grado permitir actos que, intencionalmente o por negligencia manifiesta, ocasionen grave perjuicio material al patrimonio estatal. Aqu\u00ed deber\u00eda comenzar la investigaci\u00f3n, no terminar la explicaci\u00f3n.<\/p>\n

Pregunta<\/b><\/p>\n

Pero existe una pregunta todav\u00eda m\u00e1s inc\u00f3moda: \u00bfqui\u00e9n vigila los lugares donde la corrupci\u00f3n podr\u00eda producirse precisamente mediante la inacci\u00f3n? El Ministerio P\u00fablico persigue delitos despu\u00e9s de encontrar indicios, pero un Estado moderno necesita tambi\u00e9n inteligencia preventiva.<\/p>\n

La PEPCA tiene entre sus objetivos detectar e investigar corrupci\u00f3n administrativa y coordinar mecanismos de supervisi\u00f3n. La DIGEIG puede incluso actuar de oficio ante informaciones sobre posibles actos de corrupci\u00f3n y remitir los hechos al Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n

Ese monitoreo deber\u00eda concentrarse en verdaderas zonas rojas, expropiaciones multimillonarias, litigios contra instituciones p\u00fablicas, tasaciones controvertidas, terrenos estatales, indemnizaciones, acuerdos transaccionales y expedientes pr\u00f3ximos a prescribir o perimir. Cada demanda de determinada cuant\u00eda deber\u00eda generar una alerta nacional con responsable identificado, calendario procesal y supervisi\u00f3n independiente.<\/p>\n

Dejar miles de millones dependiendo de que alguien recuerde mover una carpeta no es administraci\u00f3n p\u00fablica, es exponer deliberadamente el patrimonio colectivo.<\/p>\n

Tambi\u00e9n deber\u00eda investigarse el dinero despu\u00e9s de las sentencias. Si un abogado p\u00fablico deja vencer inexplicablemente un recurso multimillonario, no basta con preguntarle por qu\u00e9. Deben examinarse, con autorizaci\u00f3n judicial cuando corresponda, relaciones profesionales, comunicaciones relevantes, conflictos de inter\u00e9s y variaciones patrimoniales sospechosas.<\/p>\n

No porque toda negligencia sea corrupci\u00f3n, sino porque una omisi\u00f3n deliberada podr\u00eda parecer exactamente un error administrativo. Sin seguir relaciones y dinero, jam\u00e1s sabremos cu\u00e1ndo termina la incompetencia y d\u00f3nde pudiera comenzar un negocio.<\/p>\n

Y aqu\u00ed aparece otro fen\u00f3meno que merece atenci\u00f3n. En nuestra pol\u00edtica abundan figuras que desde la oposici\u00f3n denuncian instituciones como nidos de irregularidades, exhiben documentos y prometen desmontar estructuras completas.<\/p>\n

Sin embargo, cuando su organizaci\u00f3n alcanza el poder y algunos terminan administrando aquello que denunciaban, ciertas acusaciones desaparecen misteriosamente. Eso no demuestra que se hayan convertido en beneficiarios, pero cuando la denuncia muere exactamente al llegar al despacho, la sociedad tiene derecho a exigir explicaciones.<\/p>\n

Porque el silencio posterior puede tener varias explicaciones: que la denuncia original estuviera equivocada, que el problema fuese corregido o que nunca se investigara seriamente. Pero existe una cuarta hip\u00f3tesis que ning\u00fan organismo de control deber\u00eda descartar autom\u00e1ticamente, que alguien descubra desde dentro que aquello que denunciaba tambi\u00e9n puede beneficiarlo.<\/p>\n

Precisamente para evitar esa sospecha, todo funcionario que anteriormente denunciara irregularidades en la instituci\u00f3n que luego dirige deber\u00eda publicar qu\u00e9 encontr\u00f3, qu\u00e9 corrigi\u00f3, qu\u00e9 remiti\u00f3 al Ministerio P\u00fablico y qu\u00e9 qued\u00f3 pendiente.<\/p>\n

El Estado tampoco deber\u00eda esperar siempre una denuncia period\u00edstica para comenzar a mirar. La prevenci\u00f3n anticorrupci\u00f3n fracasa cuando los organismos fiscalizadores aparecen despu\u00e9s del esc\u00e1ndalo.<\/p>\n

Un sistema inteligente cruzar\u00eda autom\u00e1ticamente litigios, pagos judiciales, tasaciones, contratistas, abogados recurrentes y funcionarios responsables. Si determinados nombres aparecen repetidamente alrededor de expedientes abandonados o indemnizaciones extraordinarias, el patr\u00f3n deber\u00eda generar una auditor\u00eda. Una coincidencia puede ser casualidad; una secuencia merece investigaci\u00f3n.<\/p>\n

Hace falta, adem\u00e1s, responsabilidad personal. El Estado no puede continuar socializando las p\u00e9rdidas mientras individualiza los beneficios. Cuando una actuaci\u00f3n dolosa o una negligencia manifiesta causa un da\u00f1o enorme, debe establecerse qui\u00e9n responde administrativa, civil o penalmente seg\u00fan corresponda.<\/p>\n

La Ley 41-08 contempla incluso la destituci\u00f3n por graves perjuicios al patrimonio estatal. Si al final siempre paga Hacienda y nadie responde personalmente, la negligencia p\u00fablica termina convirti\u00e9ndose en una conducta pr\u00e1cticamente subsidiada por los contribuyentes.<\/p>\n

La soluci\u00f3n exige crear un registro centralizado de litigios p\u00fablicos de alto riesgo, auditor\u00edas aleatorias externas, alertas autom\u00e1ticas antes de cada vencimiento y doble supervisi\u00f3n para expedientes multimillonarios. Contralor\u00eda, C\u00e1mara de Cuentas, DIGEIG y Ministerio P\u00fablico deber\u00edan compartir se\u00f1ales de riesgo dentro de sus competencias. Y ante una p\u00e9rdida extraordinaria por omisi\u00f3n procesal, la revisi\u00f3n patrimonial y administrativa del expediente deber\u00eda activarse autom\u00e1ticamente, sin esperar presi\u00f3n pol\u00edtica, titulares ni solicitudes de la oposici\u00f3n.<\/p>\n

El caso de los RD$2,693.9 millones debe convertirse en una prueba para el sistema. No podemos afirmar sin evidencias que existi\u00f3 soborno, colusi\u00f3n o una operaci\u00f3n deliberada para perjudicar al Estado; pero tampoco debemos aceptar que pronunciar la palabra \u201cnegligencia\u201d cierre el expediente.<\/p>\n

Cuando perder miles de millones puede lograrse simplemente dejando pasar el tiempo, la corrupci\u00f3n ni siquiera necesita robar el dinero directamente, le basta con abrirle la puerta a quien terminar\u00e1 cobr\u00e1ndolo. Y un Estado que no investiga esa puerta termina siendo permisivo con quien aprenda a utilizarla.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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