{"id":142034,"date":"2026-09-02T02:15:01","date_gmt":"2026-09-02T02:15:01","guid":{"rendered":"https:\/\/thelatinpostny.com\/?p=142034"},"modified":"2026-09-03T02:45:06","modified_gmt":"2026-09-03T02:45:06","slug":"igualdad-nacionalidad-y-acceso-a-la-educacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thelatinpostny.com\/?p=142034","title":{"rendered":"Igualdad, nacionalidad y acceso a la educaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p><b>POR EZEQUIEL CUEVAS<\/b><\/p>\n<p>El acceso a la educaci\u00f3n constituye un derecho fundamental que debe garantizarse en condiciones de igualdad y sin discriminaci\u00f3n. El problema adquiere relevancia cuando un centro educativo dispone de un solo cupo y existen dos solicitantes. Si uno es dominicano y otro haitiano, la direcci\u00f3n debe adoptar una decisi\u00f3n conforme a la Constituci\u00f3n y la Ley n\u00fam. 74-25. La nacionalidad no debe convertirse autom\u00e1ticamente en criterio de preferencia.<\/p>\n<p>El art\u00edculo 39 de la Constituci\u00f3n dominicana reconoce el derecho a la igualdad y proh\u00edbe toda forma de discriminaci\u00f3n. Esta disposici\u00f3n obliga a las instituciones p\u00fablicas y privadas a evitar diferencias de trato que carezcan de una justificaci\u00f3n objetiva y razonable. Por tanto, ser dominicano no constituye, por s\u00ed solo, una raz\u00f3n suficiente para desplazar a un estudiante extranjero que se encuentre en las mismas condiciones jur\u00eddicas.<\/p>\n<p>La igualdad constitucional no significa que todas las personas deban recibir siempre un trato id\u00e9ntico. Pueden establecerse diferencias cuando exista una finalidad leg\u00edtima y una relaci\u00f3n razonable entre el criterio utilizado y el objetivo perseguido. En consecuencia, la existencia de un \u00fanico cupo permite establecer mecanismos objetivos de selecci\u00f3n, pero no autoriza a la direcci\u00f3n a utilizar arbitrariamente la nacionalidad como criterio para decidir qui\u00e9n ser\u00e1 admitido.<\/p>\n<p>El Tribunal Constitucional dominicano ha desarrollado el principio de igualdad mediante criterios de razonabilidad y proporcionalidad. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que una diferencia de trato puede ser leg\u00edtima cuando responde a circunstancias objetivas y justificadas. En materia educativa, estos principios adquieren especial importancia, porque las decisiones administrativas pueden incidir directamente sobre el ejercicio de derechos fundamentales.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-1147230 alignleft\" src=\"https:\/\/almomento.net\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/estu-300x168.png\" sizes=\"auto, (max-width: 418px) 100vw, 418px\" srcset=\"https:\/\/almomento.net\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/estu-300x168.png 300w, https:\/\/almomento.net\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/estu-150x84.png 150w, https:\/\/almomento.net\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/estu-446x250.png 446w, https:\/\/almomento.net\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/estu.png 738w\" alt=\"\" width=\"418\" height=\"234\" \/><\/p>\n<p>El art\u00edculo 63 de la Constituci\u00f3n reconoce la educaci\u00f3n como un derecho fundamental y establece obligaciones estatales destinadas a garantizar su acceso. Por ello, la matr\u00edcula escolar no puede ser considerada exclusivamente como un asunto administrativo. Cuando existen m\u00e1s solicitantes que plazas disponibles, la instituci\u00f3n debe aplicar reglas transparentes y previamente establecidas, procurando que la decisi\u00f3n respete la igualdad, la dignidad y la prohibici\u00f3n de discriminaci\u00f3n.<\/p>\n<p>El art\u00edculo 173 de la Ley n\u00fam. 74-25 introduce una protecci\u00f3n adicional frente a determinadas conductas discriminatorias. La norma contempla la nacionalidad entre las circunstancias que pueden fundamentar un acto discriminatorio y establece consecuencias penales cuando concurren los elementos previstos por el tipo. Sin embargo, no todo rechazo de una solicitud constituye autom\u00e1ticamente un delito. Deben analizarse las circunstancias concretas y los elementos exigidos por la norma penal.<\/p>\n<p>En el caso planteado, la direcci\u00f3n podr\u00eda aplicar criterios como el orden de solicitud, la residencia o zonificaci\u00f3n, la continuidad escolar, la existencia de hermanos matriculados u otros establecidos por las normas educativas. Lo esencial es que estos criterios sean objetivos, verificables y aplicables a todos los estudiantes. De esta manera, la decisi\u00f3n no depender\u00eda del origen nacional de los solicitantes.<\/p>\n<p>Por tanto, no ser\u00eda correcto afirmar que el joven haitiano debe recibir autom\u00e1ticamente el cupo por ser extranjero. Tampoco puede sostenerse que el joven dominicano deba recibirlo simplemente por ser dominicano. La igualdad protege a ambos frente a decisiones arbitrarias. Si los dos se encuentran en condiciones jur\u00eddicas equivalentes, debe utilizarse un mecanismo neutral de desempate previamente establecido.<\/p>\n<p>Desde una perspectiva cr\u00edtica, el verdadero problema jur\u00eddico no consiste en determinar si debe preferirse al dominicano o al haitiano. La cuesti\u00f3n consiste en establecer cu\u00e1l criterio permite distribuir leg\u00edtimamente un recurso educativo limitado. La escasez de plazas puede justificar mecanismos de selecci\u00f3n, pero no criterios discriminatorios. Por ello, las autoridades educativas deben establecer reglas claras para resolver situaciones de esta naturaleza.<\/p>\n<p class=\"selectable-text copyable-text x15bjb6t x1n2onr6\"><span class=\"selectable-text copyable-text xkrh14z\">En definitiva, cuando un dominicano y un haitiano solicitan el \u00fanico cupo disponible, la direcci\u00f3n debe aplicar los criterios educativos legalmente establecidos, sin utilizar la nacionalidad como factor autom\u00e1tico de preferencia.<\/span><\/p>\n<p class=\"selectable-text copyable-text x15bjb6t x1n2onr6\"><span class=\"selectable-text copyable-text xkrh14z\">Dar prioridad al dominicano exclusivamente por ser dominicano podr\u00eda entrar en tensi\u00f3n con el art\u00edculo 39 constitucional y, si concurren los elementos del tipo penal, tener relevancia conforme al art\u00edculo 173 de la Ley 74-25. La soluci\u00f3n constitucional exige igualdad, razonabilidad y respeto al derecho a la educaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>POR EZEQUIEL CUEVAS El acceso a la educaci\u00f3n constituye un derecho fundamental que debe garantizarse en condiciones de igualdad y sin discriminaci\u00f3n. El problema adquiere relevancia cuando un centro educativo dispone de un solo cupo y existen dos solicitantes. 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