{"id":143517,"date":"2026-09-20T14:25:05","date_gmt":"2026-09-20T14:25:05","guid":{"rendered":"https:\/\/thelatinpostny.com\/?p=143517"},"modified":"2026-09-20T14:25:05","modified_gmt":"2026-09-20T14:25:05","slug":"un-proyecto-de-ley-inconstitucional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thelatinpostny.com\/?p=143517","title":{"rendered":"Un proyecto de ley inconstitucional"},"content":{"rendered":"

Por EZEQUIEL CUEVAS<\/span><\/strong><\/p>\n

El debate legislativo generado por el proyecto de Ley Nacional de Vacunas, aprobado en primera lectura por el Senado de la Rep\u00fablica Dominicana, plantea una profunda discusi\u00f3n jur\u00eddica, filos\u00f3fica y constitucional.<\/span><\/p>\n

La propuesta de instituir la vacunaci\u00f3n como un \u00abdeber\u00bb ciudadano trasciende el \u00e1mbito sanitario y alcanza directamente la relaci\u00f3n entre individuo y Estado. Desde una perspectiva epistemol\u00f3gica, el concepto de deber implica una exigencia de cumplimiento, pero su incorporaci\u00f3n al derecho positivo puede transformar una convicci\u00f3n moral en una obligaci\u00f3n jur\u00eddicamente exigible.<\/span><\/p>\n

Al trasladar la noci\u00f3n de deber desde el plano \u00e9tico hacia la esfera de la coerci\u00f3n estatal, surge una tensi\u00f3n con el r\u00e9gimen de derechos fundamentales. El art\u00edculo 43 de la Constituci\u00f3n dominicana reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad, vinculado con la capacidad de cada individuo para determinar aut\u00f3nomamente aspectos esenciales de su proyecto de vida.<\/span><\/p>\n

Dentro de esa autonom\u00eda se encuentra la facultad de adoptar decisiones relativas al propio cuerpo y a las intervenciones m\u00e9dicas, aunque su ejercicio pueda estar sujeto a l\u00edmites constitucionalmente leg\u00edtimos.<\/span><\/p>\n

Desde la perspectiva kantiana, el deber aut\u00e9ntico encuentra fundamento en la raz\u00f3n aut\u00f3noma y no exclusivamente en la imposici\u00f3n externa. Kant concibe a la persona como un fin en s\u00ed mismo, lo que impide reducirla a un simple instrumento para alcanzar objetivos colectivos. En consecuencia, cuando el Estado transforma la vacunaci\u00f3n en una obligaci\u00f3n coercitiva, debe justificarse constitucionalmente la intensidad de esa intervenci\u00f3n sobre la autonom\u00eda corporal. La finalidad sanitaria, por s\u00ed sola, no elimina la exigencia de respetar la dignidad humana.<\/span><\/p>\n

El art\u00edculo 43 constitucional constituye, por tanto, un par\u00e1metro relevante para examinar cualquier medida legislativa que incida sobre decisiones relacionadas con la integridad personal. La protecci\u00f3n de la salud p\u00fablica puede constituir una finalidad leg\u00edtima del Estado, pero ello no significa que dicha finalidad tenga autom\u00e1ticamente prevalencia absoluta sobre la libertad individual.\"\"<\/a><\/span><\/p>\n

Toda restricci\u00f3n de derechos fundamentales debe encontrarse debidamente fundamentada y superar los controles de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad exigibles dentro de un Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho.<\/span><\/p>\n

Cuesti\u00f3n central<\/span><\/strong><\/p>\n

La cuesti\u00f3n central no consiste \u00fanicamente en determinar si la vacunaci\u00f3n puede contribuir a proteger la salud colectiva, sino en establecer hasta d\u00f3nde puede llegar leg\u00edtimamente la potestad reguladora del Estado. La inmunizaci\u00f3n puede responder a un inter\u00e9s p\u00fablico relevante, particularmente cuando existen riesgos epidemiol\u00f3gicos, pero las medidas adoptadas deben diferenciar entre promoci\u00f3n, incentivo, regulaci\u00f3n y coerci\u00f3n. La utilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino \u00abdeber\u00bb adquiere especial importancia cuando puede producir consecuencias jur\u00eddicas para quienes decidan no someterse a una intervenci\u00f3n m\u00e9dica.<\/span><\/p>\n

En un sistema constitucional garantista, la protecci\u00f3n de la colectividad y la autonom\u00eda personal no deben concebirse necesariamente como intereses incompatibles. El consentimiento informado, la educaci\u00f3n sanitaria, el acceso transparente a la informaci\u00f3n cient\u00edfica y la confianza institucional constituyen mecanismos que pueden fortalecer las pol\u00edticas p\u00fablicas de vacunaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Cuando existan restricciones a la autonom\u00eda, estas deber\u00e1n estar respaldadas por una justificaci\u00f3n constitucional suficiente, responder a una finalidad leg\u00edtima y afectar los derechos \u00fanicamente en la medida estrictamente necesaria.<\/span><\/p>\n

Asimismo, cualquier eventual r\u00e9gimen obligatorio deber\u00eda contemplar excepciones y garant\u00edas compatibles con los derechos fundamentales. La legislaci\u00f3n sanitaria no puede desconocer que la Constituci\u00f3n reconoce la dignidad humana, la libertad y el libre desarrollo de la personalidad como elementos esenciales del orden constitucional.<\/span><\/p>\n

Por ello, una eventual imposici\u00f3n general de la vacunaci\u00f3n tendr\u00eda que ser examinada cuidadosamente a la luz del consentimiento, la integridad personal, la proporcionalidad de las medidas y las circunstancias concretas que justifiquen la intervenci\u00f3n estatal.<\/span><\/p>\n

En definitiva, convertir la vacunaci\u00f3n en un \u00abdeber\u00bb jur\u00eddico plantea una cuesti\u00f3n que supera la dimensi\u00f3n estrictamente sanitaria: determina los l\u00edmites constitucionales de la intervenci\u00f3n del Estado sobre la autonom\u00eda corporal. La salud p\u00fablica constituye un inter\u00e9s colectivo leg\u00edtimo, pero su protecci\u00f3n debe armonizarse con la dignidad y los derechos fundamentales.<\/span><\/p>\n

En una sociedad democr\u00e1tica, la legitimidad de las pol\u00edticas de inmunizaci\u00f3n depender\u00e1 tambi\u00e9n de su capacidad para conciliar solidaridad social, evidencia cient\u00edfica, transparencia institucional y respeto efectivo por la persona como sujeto de derechos.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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