{"id":144311,"date":"2026-09-28T03:17:24","date_gmt":"2026-09-28T03:17:24","guid":{"rendered":"https:\/\/thelatinpostny.com\/?p=144311"},"modified":"2026-09-29T03:29:19","modified_gmt":"2026-09-29T03:29:19","slug":"rd-condenada-por-muertes-extrajudiciales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thelatinpostny.com\/?p=144311","title":{"rendered":"RD condenada por muertes extrajudiciales"},"content":{"rendered":"

De acuerdo al derecho comparado, muertes extrajudiciales, denominadas tambi\u00e9n ejecuciones extrajudiciales son aquellas privaciones de la vida cometidas por agentes pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado, estando o no en ejercicio de su cargo.<\/span><\/p>\n

Esta definici\u00f3n abarca incluso aquellos casos en que la intencionalidad de matar no sea manifiesta pero que finalmente ocasionen la muerte de la persona en cuesti\u00f3n. Agrega el derecho que se reconocer\u00e1 conceptualmente como una ejecuci\u00f3n extrajudicial cuando se consume la privaci\u00f3n arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de \u00e9stos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga.<\/span><\/p>\n

La pr\u00e1ctica de la Polic\u00eda Nacional o la fuerza de seguridad es matar a supuestos delincuentes en intercambios de disparos (muertes extrajudiciales) m\u00e1s de una persona por d\u00eda. Solo en lo que va del a\u00f1o (2026) las muertes ascienden a m\u00e1s de 200 personas y seg\u00fan el representante de la Comisi\u00f3n de los Derechos Humanos en Rep\u00fablica Dominicana, Manuel Mar\u00eda Mercedes, en lo que va el mes de septiembre suman 31 personas.<\/span><\/p>\n

Por esta pr\u00e1ctica de matar en intercambios de disparos, el Estado dominicano fue declarado responsable internacionalmente por enfrentar la delincuencia matando a los supuestos delincuentes en estos intercambios. En el a\u00f1o 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declar\u00f3 a RD, Caso Nadege Dorzema y Otros VS. RD de violar derechos humanos.\"\"<\/span><\/p>\n

El proceso se origin\u00f3 en ocasi\u00f3n de enfrentar la migraci\u00f3n ilegal de haitianos. Para el a\u00f1o 2002 un grupo de nacionales haitianos cruzaron el R\u00edo Masacre y diversos matorrales, adentr\u00e1ndose en territorio dominicano, hasta a llegar a un lugar en la regi\u00f3n de Santa Mar\u00eda, donde fueron recibidos por un dominicano, en cuya casa pasaron la noche y recibieron comida.<\/span><\/p>\n

En la madrugada del 18 de junio de 2000, un cami\u00f3n marca Daihatsu color amarillo, conducido por el se\u00f1or F\u00e9lix Antonio N\u00fa\u00f1ez Pe\u00f1a, en compa\u00f1\u00eda del se\u00f1or M\u00e1ximo Rub\u00e9n de Jes\u00fas Espinal, ambos de nacionalidad dominicana, inici\u00f3 el trayecto a la ciudad de Santiago de los Caballeros, transportando a aproximadamente 30 nacionales haitianos, entre ellos el menor de edad Roland Israel y una mujer embarazada, Sylvie Felizor.<\/span><\/p>\n

El cami\u00f3n pas\u00f3 por un primer puesto de control sin ser detenido. Al llegar a un segundo puesto de control ubicado en Botoncillo militares que se encontraban all\u00ed realizaron se\u00f1ales para que el cami\u00f3n se detuviera; sin embargo, \u00e9ste tom\u00f3 una desviaci\u00f3n y continu\u00f3 su marcha con destino al poblado de Copey.<\/span><\/p>\n

Ante tal situaci\u00f3n, cuatro militares pertenecientes al Destacamento Operativo de Fuerza Fronteriza abordaron su patrulla e iniciaron la persecuci\u00f3n del cami\u00f3n amarillo. Intentaron que el cami\u00f3n se detuviera; no obstante, el conductor del cami\u00f3n continu\u00f3 su marcha. Los militares realizaron numerosos disparos con sus armas de reglamento y un fusil M16 en direcci\u00f3n al cami\u00f3n, los cuales impactaron en su compuerta trasera y en la cabina, no as\u00ed en sus neum\u00e1ticos. En final fue que el veh\u00edculo se volc\u00f3 y las personas empezaron a huir y fueron enfrentadas con disparos, matando a m\u00e1s de 5 personas y dejando numerosos heridos.<\/span><\/p>\n

La sentencia<\/span><\/strong><\/p>\n

La sentencia expresa que el Estado es responsable por la violaci\u00f3n del derecho a la vida, reconocido en el art\u00edculo 4.1 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, as\u00ed como violaci\u00f3n del derecho a la integridad personal, reconocido en el art\u00edculo 5.1; violaci\u00f3n del derecho a la libertad personal, art\u00edculo 7; violaci\u00f3n de los derechos a las garant\u00edas judiciales y de libre circulaci\u00f3n e incumplimiento con el deber de no discriminar.<\/span><\/p>\n

En consecuencia, la Corte orden\u00f3 al Estado dominicano a las siguientes medidas: abrir la investigaci\u00f3n de los hechos del caso; Estado debe realizar un acto p\u00fablico de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas p\u00fablicas; Estado debe implementar los programas de capacitaci\u00f3n, destinado a funcionarios de las Fuerzas Armadas, agentes de control fronterizo y agentes encargados de procedimientos migratorios, de forma permanente;<\/span><\/p>\n

El Estado debe realizar una campa\u00f1a en medios de comunicaci\u00f3n sobre los derechos de las personas migrantes regulares e irregulares; El Estado debe, dentro de un plazo razonable, adecuar su legislaci\u00f3n interna sobre el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de aplicar la ley; Estado deber\u00e1 pagar indemnizaciones por da\u00f1o material e inmaterial, entre otras medidas.<\/span><\/p>\n

Esta sentencia del 24 de octubre de 2012, la corte dijo que las autoridades hicieron un uso excesivo de la fuerza policial y militar. Por ello, el Estado dominicano debe adecuar su legislaci\u00f3n interna a la Convenci\u00f3n Americana, incorporando los est\u00e1ndares internacionales sobre el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de aplicar la ley, de acuerdo con los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad y excepcionalidad, as\u00ed como los criterios de uso diferenciado y progresivo de la fuerza.<\/span><\/p>\n

Adicionalmente esta sentencia indic\u00f3 las violaciones a las Reglas de Minnesota sobre el protocolo para las investigaciones de muertes violentas por parte de las autoridades y el c\u00f3digo de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, un manual de la ONU.<\/span><\/p>\n

Todas estas muertes en intercambios de disparos abren la posibilidad de que RD sea declarada responsable internacionalmente por violar derechos humanos contenido en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos \u2013CADH-.<\/span><\/p>\n

La mano dura no es \u00fatil para enfrentar la delincuencia. Adem\u00e1s, la muerte extrajudicial no determinar si una persona es culpable de un hecho penal. No se puede enfrentar al crimen violando las reglas jur\u00eddicas. La PN est\u00e1 para proteger la vida, no para eliminarla.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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