{"id":146492,"date":"2026-10-19T11:00:13","date_gmt":"2026-10-19T11:00:13","guid":{"rendered":"https:\/\/thelatinpostny.com\/?p=146492"},"modified":"2026-10-19T11:00:13","modified_gmt":"2026-10-19T11:00:13","slug":"cuando-el-estado-sustituye-la-justicia-por-la-muerte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thelatinpostny.com\/?p=146492","title":{"rendered":"Cuando el Estado sustituye la justicia por la muerte"},"content":{"rendered":"

Por LUIS M. GUZMAN<\/strong><\/p>\n

Una reforma policial que no detiene los abusos, c\u00e1maras corporales cuyas grabaciones no se conocen, una justicia que tarda en decidir y c\u00e1rceles desbordadas. La crisis tiene responsables institucionales y exige respuestas.<\/p>\n

La Rep\u00fablica Dominicana enfrenta una crisis que ya no admite explicaciones superficiales ni reformas anunciadas indefinidamente. Mientras el Gobierno exhibe avances en seguridad ciudadana y modernizaci\u00f3n policial, las estad\u00edsticas revelan una realidad que merece respuestas urgentes.<\/p>\n

En septiembre de 2026 se registraron 55 muertes clasificadas por la Polic\u00eda como \u201cacci\u00f3n legal\u201d. No es una cifra que pueda despacharse con una rueda de prensa. Son 55 vidas perdidas en intervenciones del Estado cuya legalidad debe quedar esclarecida.<\/p>\n

Durante d\u00e9cadas, la expresi\u00f3n C\u00f3digo 29 ha acompa\u00f1ado las denuncias de muertes en supuestos intercambios de disparos. El fen\u00f3meno no comenz\u00f3 con este Gobierno, pero su persistencia compromete a quienes hoy tienen la responsabilidad de enfrentarlo.<\/p>\n

Una patrulla puede utilizar leg\u00edtimamente la fuerza para proteger vidas ante una amenaza real; lo que jam\u00e1s puede hacer es sustituir a los tribunales. Cuando alguien muere en una operaci\u00f3n policial, el deber del Estado no termina con la versi\u00f3n de los agentes. Ah\u00ed debe comenzar una investigaci\u00f3n independiente.<\/p>\n

Hay una pregunta que el Gobierno no puede seguir dejando sin respuesta: \u00bfd\u00f3nde est\u00e1n las grabaciones de las c\u00e1maras corporales anunciadas como garant\u00eda de transparencia policial?<\/p>\n

En septiembre de 2026, las autoridades informaron que dispon\u00edan de unas 10,000 c\u00e1maras, mientras las estad\u00edsticas registraban 55 fallecidos clasificados como \u201cacci\u00f3n legal\u201d durante ese mes.<\/p>\n

\u00bfCu\u00e1ntos operativos fueron grabados? \u00bfCu\u00e1ntos videos llegaron al Ministerio P\u00fablico? \u00bfCu\u00e1ntas c\u00e1maras estaban apagadas o no fueron asignadas? Una c\u00e1mara que nunca permite esclarecer una muerte termina siendo una promesa tecnol\u00f3gica sin resultados verificables.<\/p>\n

Obligaciones<\/strong><\/p>\n

El presidente Luis Abinader tiene la responsabilidad de dirigir la pol\u00edtica gubernamental de seguridad y exigir resultados verificables. Faride Raful, ministra de Interior y Polic\u00eda, y el director policial Ernesto Rafael Rodr\u00edguez Garc\u00eda tienen obligaciones concretas de supervisi\u00f3n y control. No basta con incorporar patrullas, graduar agentes o inaugurar instalaciones.<\/p>\n

Deben explicar qu\u00e9 medidas han dispuesto para prevenir el uso ilegal de la fuerza, c\u00f3mo se fiscalizan las operaciones y qu\u00e9 consecuencias enfrentan quienes vulneran los protocolos.<\/p>\n

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, tambi\u00e9n tiene una responsabilidad decisiva. En octubre, la Procuradur\u00eda no proporcion\u00f3 las estad\u00edsticas solicitadas sobre investigaciones de muertes durante intervenciones policiales, invocando la reserva de los expedientes.<\/p>\n

Pero nadie est\u00e1 reclamando conocer testimonios protegidos ni comprometer investigaciones abiertas. Se reclama saber cu\u00e1ntos casos se investigan, cu\u00e1ntos fueron archivados y cu\u00e1ntos llegaron a los tribunales. La reserva procesal no deber\u00eda utilizarse para negar informaci\u00f3n estad\u00edstica legalmente publicable.<\/p>\n

Hay una contradicci\u00f3n constitucional que merece ser examinada con toda su crudeza. El art\u00edculo 37 proh\u00edbe expresamente la pena de muerte, pero el pa\u00eds contin\u00faa registrando numerosos fallecimientos durante operaciones policiales. No todos constituyen ejecuciones extrajudiciales; determinarlo exige pruebas e investigaciones.<\/p>\n

Sin embargo, resulta inquietante que un condenado no pueda recibir legalmente una sentencia capital, mientras un sospechoso puede perder la vida antes de comparecer ante un juez. El debido proceso no puede depender de haber sobrevivido al arresto.<\/p>\n

Tribunales y c\u00e1rceles<\/strong><\/p>\n

\"\"
Las c\u00e1rceles dominicanas tienen un serio problema de sobrepoblaci\u00f3n<\/figcaption><\/figure>\n

La crisis se prolonga en los tribunales y termina agrav\u00e1ndose dentro de las c\u00e1rceles. El informe de Defensa P\u00fablica correspondiente a 2025 registr\u00f3 23,270 internos para apenas 16,357 plazas, una ocupaci\u00f3n del 142.26 %. Pero el dato m\u00e1s perturbador es que 15,025 personas, equivalentes al 64.57 % de la poblaci\u00f3n penitenciaria, permanec\u00edan en prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n

Son seres humanos sin condena definitiva. La excepcionalidad de esa medida cautelar exige algo m\u00e1s que reconocimiento institucional: requiere determinar por qu\u00e9 se utiliza tanto y cu\u00e1nto duran esos procesos.<\/p>\n

Luis Henry Molina, presidente del Consejo del Poder Judicial, debe explicar qu\u00e9 medidas administrativas se aplican contra la mora judicial, sin interferir en la independencia de los jueces. El Ministerio P\u00fablico debe responder por sus solicitudes de prisi\u00f3n preventiva y la oportunidad de sus investigaciones.<\/p>\n

Rodolfo Valent\u00edn Santos, director de Defensa P\u00fablica, tiene la obligaci\u00f3n de continuar documentando las deficiencias que afectan a quienes carecen de recursos. Ninguna de estas instituciones puede resolver el problema aisladamente, pero todas deben responder por sus competencias.<\/p>\n

Saturaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, y el director penitenciario, Roberto Santana, tienen ante s\u00ed otra exigencia impostergable, presentar resultados medibles sobre la capacidad y las condiciones de los centros de reclusi\u00f3n. Construir c\u00e1rceles puede resultar necesario, pero no resuelve por s\u00ed solo un sistema saturado por la prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n

La ciudadan\u00eda tiene derecho a conocer las obras presupuestadas, los contratos ejecutados, las plazas disponibles y los compromisos pendientes. Una pol\u00edtica penitenciaria no puede reducirse a anunciar construcciones mientras persisten condiciones indignas.<\/p>\n

Tampoco puede aceptarse que la delincuencia sirva de justificaci\u00f3n para relativizar los derechos fundamentales. Las v\u00edctimas de homicidios, robos y agresiones merecen protecci\u00f3n y justicia; los responsables deben recibir las sanciones previstas por la ley. Pero matar a un sospechoso no demuestra que se haya esclarecido un delito ni desarticulado una estructura criminal.<\/p>\n

Mucho menos sustituye el deber de prevenir la violencia. Una pol\u00edtica de seguridad que confunde la cantidad de fallecidos con resultados policiales corre el riesgo de convertir una tragedia en propaganda.<\/p>\n

Resulta igualmente necesario examinar la desigualdad con que opera la justicia penal. Los acusados de grandes casos de corrupci\u00f3n suelen disponer de defensas especializadas y recursos para litigar durante a\u00f1os, mientras miles de imputados por delitos comunes dependen de una Defensa P\u00fablica sometida a enormes exigencias.<\/p>\n

Los derechos procesales deben respetarse para todos, incluidos quienes est\u00e1n acusados de desfalcar al Estado. Lo inadmisible ser\u00eda que el acceso efectivo a esas garant\u00edas terminara determinado por la capacidad econ\u00f3mica del acusado y no por la igualdad ante la ley.<\/p>\n

El Congreso Nacional tampoco puede permanecer al margen. Tiene facultades de fiscalizaci\u00f3n que deben traducirse en solicitudes de informaci\u00f3n, examen de presupuestos y seguimiento de las reformas. Los ciudadanos necesitan conocer cu\u00e1nto se ha invertido, qu\u00e9 resultados se han obtenido y cu\u00e1les obst\u00e1culos contin\u00faan sin resolverse.<\/p>\n

Las autoridades competentes deber\u00edan presentar, en plazos p\u00fablicos y verificables, estad\u00edsticas de investigaciones, auditor\u00edas policiales, medidas contra la mora judicial y programas de reducci\u00f3n del hacinamiento. Sin evaluaci\u00f3n, las promesas pueden repetirse indefinidamente.<\/p>\n

La Rep\u00fablica Dominicana no necesita acostumbrarse al C\u00f3digo 29 ni resignarse a c\u00e1rceles desbordadas y procesos interminables. Necesita instituciones capaces de investigar, juzgar, sancionar y corregir sus propias irregularidades. Abinader, Raful, Rodr\u00edguez Garc\u00eda, Reynoso y las autoridades judiciales y penitenciarias tienen responsabilidades distintas, pero obligaciones p\u00fablicas que no pueden delegarse en discursos.<\/p>\n

Ha llegado la hora de exigir respuestas concretas. Porque cuando el Estado no garantiza justicia oportuna, la sociedad queda atrapada entre la impunidad, el miedo y la tentaci\u00f3n de aceptar la muerte como sustituto de la ley.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Por LUIS M. GUZMAN Una reforma policial que no detiene los abusos, c\u00e1maras corporales cuyas grabaciones no se conocen, una justicia que tarda en decidir y c\u00e1rceles desbordadas. La crisis tiene responsables institucionales y exige respuestas. La Rep\u00fablica Dominicana enfrenta una crisis que ya no admite explicaciones superficiales ni reformas anunciadas indefinidamente. Mientras el Gobierno […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":146493,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-146492","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-opinion"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/146492","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=146492"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/146492\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":146494,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/146492\/revisions\/146494"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/146493"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=146492"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=146492"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=146492"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}