El aumento de la criminalidad en la Rep\u00fablica Dominicana ha vuelto a colocar sobre la mesa el debate acerca de la seguridad ciudadana, la capacidad de respuesta de las autoridades y las condiciones de nuestro sistema penitenciario. En ese contexto, ha trascendido el llamado de las autoridades policiales para que se entreguen unas 53,000 personas contra las cuales existir\u00edan \u00f3rdenes de arresto por presuntas infracciones a las leyes penales.<\/p>\n
La cifra es alarmante y merece una reflexi\u00f3n que vaya m\u00e1s all\u00e1 de la persecuci\u00f3n del delito. Porque, si efectivamente las 53,000 personas decidieran entregarse simult\u00e1neamente, \u00bfd\u00f3nde las recluir\u00eda el Estado dominicano?<\/p>\n
Esta es la gran interrogante que deben responder las autoridades competentes. No basta con exhortar a quienes tienen asuntos pendientes con la justicia a que se presenten ante ella. Tambi\u00e9n es necesario determinar si contamos con la infraestructura, los recursos humanos, los servicios b\u00e1sicos y el presupuesto necesarios para recibir a semejante cantidad de personas.<\/p>\n
Nuestro sistema penitenciario arrastra desde hace a\u00f1os problemas de hacinamiento y sobrepoblaci\u00f3n. En sus instalaciones permanecen miles de privados de libertad que todav\u00eda no han recibido una sentencia definitiva, muchos de ellos bajo prisi\u00f3n preventiva. Esta realidad plantea serias preocupaciones sobre la administraci\u00f3n de la justicia, el respeto al debido proceso y la capacidad del Estado para garantizar condiciones dignas de reclusi\u00f3n.<\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 ocurrir\u00eda si los 53,000 requeridos por la justicia se entregaran ma\u00f1ana?<\/p>\n
\u00bfExisten suficientes celdas para alojarlos? \u00bfCu\u00e1ntos centros penitenciarios tendr\u00edan que habilitarse? \u00bfCu\u00e1nto costar\u00eda alimentarlos, proporcionarles atenci\u00f3n m\u00e9dica, garantizar su seguridad y mantener la vigilancia durante su permanencia en prisi\u00f3n?<\/p>\n
No estamos hablando de una cantidad insignificante de personas. Estamos hablando de una poblaci\u00f3n equivalente a la de una ciudad peque\u00f1a, cuya eventual incorporaci\u00f3n al sistema penitenciario supondr\u00eda una presi\u00f3n extraordinaria sobre unas instalaciones que ya enfrentan dificultades.<\/p>\n
El Estado tendr\u00eda que calcular el costo de alimentaci\u00f3n, agua, electricidad, medicamentos, personal penitenciario, transporte, vigilancia y dem\u00e1s servicios indispensables. A esto habr\u00eda que sumar los gastos judiciales derivados de la celebraci\u00f3n de audiencias, la asistencia legal y la tramitaci\u00f3n de miles de expedientes.<\/p>\n
La pregunta econ\u00f3mica resulta inevitable: \u00bfcu\u00e1nto le costar\u00eda al contribuyente dominicano mantener recluidas a 53,000 personas adicionales?<\/p>\n
Para responder con seriedad, las autoridades deber\u00edan publicar el costo promedio diario de mantener a una persona privada de libertad, la capacidad instalada de los centros penitenciarios y la cantidad de plazas disponibles. Con esos datos podr\u00eda calcularse el impacto presupuestario de distintos escenarios, sin recurrir a cifras especulativas.<\/p>\n
Pero hay otra cuesti\u00f3n que no debemos pasar por alto: una orden de arresto no equivale a una condena. Toda persona tiene derecho a la presunci\u00f3n de inocencia, a la defensa y a ser juzgada conforme a las garant\u00edas establecidas por la Constituci\u00f3n y las leyes. Por tanto, tampoco ser\u00eda razonable plantear que todas las personas requeridas deban permanecer necesariamente encarceladas, sin distinguir la naturaleza de cada caso y las medidas cautelares que legalmente correspondan.<\/p>\n
La prisi\u00f3n preventiva debe responder a los presupuestos legales y no convertirse en una condena anticipada. Cuando existan alternativas previstas por la ley que permitan asegurar la comparecencia de una persona al proceso, proteger a las v\u00edctimas y evitar riesgos procesales, corresponde a los jueces evaluar su aplicaci\u00f3n de manera individualizada.<\/p>\n
Esto no significa restarle importancia a las \u00f3rdenes de arresto ni minimizar la gravedad de los delitos. Por el contrario, la persecuci\u00f3n penal debe ser efectiva, las v\u00edctimas merecen justicia y quienes hayan cometido delitos deben responder ante los tribunales. Sin embargo, la eficacia de la justicia no se mide \u00fanicamente por el n\u00famero de arrestos, sino tambi\u00e9n por la capacidad de investigar, procesar y juzgar los casos dentro de un sistema que respete los derechos fundamentales.<\/p>\n
De igual manera, el pa\u00eds necesita fortalecer los mecanismos de investigaci\u00f3n criminal, acelerar los procesos judiciales, mejorar la coordinaci\u00f3n entre la Polic\u00eda Nacional, el Ministerio P\u00fablico y el Poder Judicial, y desarrollar pol\u00edticas de prevenci\u00f3n que reduzcan la incorporaci\u00f3n de nuevos integrantes a las estructuras delictivas.<\/p>\n
No podemos ignorar que la seguridad ciudadana exige recursos, planificaci\u00f3n y decisiones oportunas. Si las autoridades tienen identificadas a 53,000 personas requeridas por la justicia, la ciudadan\u00eda tiene derecho a conocer qu\u00e9 estrategia existe para ejecutar esas \u00f3rdenes, cu\u00e1l es la prioridad de los casos y c\u00f3mo se evitar\u00e1 que el hacinamiento penitenciario agrave los problemas que ya enfrenta el pa\u00eds.<\/p>\n
La transparencia tambi\u00e9n es indispensable. Ser\u00eda conveniente que las instituciones responsables precisaran cu\u00e1ntas de esas \u00f3rdenes est\u00e1n vigentes, cu\u00e1ntas corresponden a personas con m\u00faltiples requerimientos, cu\u00e1les se relacionan con delitos graves y cu\u00e1ntas personas ya han sido localizadas o puestas a disposici\u00f3n de la justicia. Esa informaci\u00f3n permitir\u00eda dimensionar correctamente el desaf\u00edo y evitar interpretaciones equivocadas de una cifra que, por s\u00ed sola, no explica toda la realidad.<\/p>\n
La Rep\u00fablica Dominicana necesita seguridad, pero tambi\u00e9n necesita una justicia eficiente, un sistema penitenciario funcional y un presupuesto p\u00fablico administrado con responsabilidad.<\/p>\n
Por eso, la pregunta que da t\u00edtulo a este art\u00edculo no pretende cuestionar la necesidad de hacer cumplir la ley. Pretende llamar la atenci\u00f3n sobre una obligaci\u00f3n elemental del Estado: planificar las consecuencias de sus propias actuaciones.<\/p>\n
\u00bfD\u00f3nde guardar los 53,000? Es una pregunta que no puede responderse improvisando cuando esas personas comiencen a presentarse ante las autoridades. Debe responderse con cifras verificables, capacidad penitenciaria disponible, recursos presupuestarios y una pol\u00edtica criminal que combine prevenci\u00f3n, persecuci\u00f3n del delito, justicia oportuna y respeto a los derechos humanos.<\/p>\n
Porque exigir que los ciudadanos cumplan la ley es una obligaci\u00f3n del Estado, pero garantizar que la justicia pueda funcionar adecuadamente tambi\u00e9n lo es.<\/p>\n
Y si el pa\u00eds no dispone de capacidad suficiente para afrontar ese desaf\u00edo, la discusi\u00f3n no debe limitarse a d\u00f3nde encerrar a quienes se entreguen, sino a c\u00f3mo construir un sistema de justicia capaz de investigar, juzgar y sancionar los delitos sin convertir las c\u00e1rceles en dep\u00f3sitos humanos ni la prisi\u00f3n preventiva en una condena por adelantado.<\/p>\n
La seguridad ciudadana no se resuelve solamente con \u00f3rdenes de arresto. Se construye con justicia, planificaci\u00f3n, prevenci\u00f3n y responsabilidad institucional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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