{"id":149870,"date":"2026-11-18T13:53:04","date_gmt":"2026-11-18T13:53:04","guid":{"rendered":"https:\/\/thelatinpostny.com\/?p=149870"},"modified":"2026-11-18T13:53:04","modified_gmt":"2026-11-18T13:53:04","slug":"la-auditoria-no-es-justicia-del-hallazgo-a-las-consecuencias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thelatinpostny.com\/?p=149870","title":{"rendered":"La auditor\u00eda no es justicia: del hallazgo a las consecuencias"},"content":{"rendered":"<p><b>POR VICTOR GARRIDO PERALTA<\/b><\/p>\n<p>Una auditor\u00eda puede revelar pagos sin soportes suficientes, contrataciones contrarias a las normas u obras cuyo avance no corresponde con los recursos desembolsados. Es un trabajo indispensable. Pero un hallazgo no es una sentencia: una observaci\u00f3n no equivale a un da\u00f1o definitivamente establecido, y un posible perjuicio no demuestra por s\u00ed solo la comisi\u00f3n de un delito.<\/p>\n<p>La transparencia permite conocer; la rendici\u00f3n de cuentas obliga a actuar y demostrar qu\u00e9 se hizo. Publicar una auditor\u00eda abre una puerta, pero no la cruza. La prueba est\u00e1 en saber si las observaciones recibieron respuesta, si se corrigieron las deficiencias, si se determinaron responsabilidades y si se procur\u00f3 reparar el patrimonio cuando se comprob\u00f3 un da\u00f1o.<\/p>\n<p>La Ley 18-24, que regula la C\u00e1mara de Cuentas, dispone que los informes definitivos de control externo se publiquen en un plazo m\u00e1ximo de 72 horas, que sean conocidos por el Pleno dentro de los 30 d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n y que no sean archivados. Tambi\u00e9n establece el car\u00e1cter obligatorio de las recomendaciones y exige su seguimiento y evaluaci\u00f3n permanente. Por su parte, la Ley 10-07 asigna a los titulares de las entidades p\u00fablicas la responsabilidad principal por el control interno y compromete a los servidores en el cumplimiento de los controles correspondientes. Son \u00e1mbitos distintos, pero convergen en una exigencia: el control debe operar antes, durante y despu\u00e9s del gasto.<\/p>\n<p>El 5 de octubre de 2026, la Contralor\u00eda General anunci\u00f3 la publicaci\u00f3n de 28 informes: 25 auditor\u00edas integrales y tres informes de seguimiento, correspondientes a per\u00edodos comprendidos entre agosto de 2020 y diciembre de 2025. La divulgaci\u00f3n, dispuesta por el Poder Ejecutivo, ampl\u00eda la informaci\u00f3n disponible y merece reconocerse. Debe distinguirse, sin embargo, de las obligaciones legales de publicaci\u00f3n de los informes definitivos de la C\u00e1mara de Cuentas. Y deja preguntas esenciales: \u00bfcu\u00e1ntas recomendaciones se cumplieron?, \u00bfqu\u00e9 deficiencias se corrigieron?, \u00bfqu\u00e9 responsabilidades se determinaron y qu\u00e9 ocurri\u00f3 con los hallazgos remitidos a las autoridades competentes?<\/p>\n<p>No se trata de presumir que toda observaci\u00f3n encubre corrupci\u00f3n ni de convertir un informe en condena p\u00fablica. Las responsabilidades administrativas, civiles o penales deben determinarse por las autoridades competentes y con respeto al debido proceso. La C\u00e1mara de Cuentas ejerce el control externo; la Contralor\u00eda y las unidades de auditor\u00eda interna intervienen en el control interno; las autoridades administrativas adoptan las medidas de su competencia; el Ministerio P\u00fablico investiga los hechos que puedan constituir infracciones penales, y los tribunales deciden. Confundir esas funciones debilita el control y facilita que las responsabilidades se diluyan.<\/p>\n<p>Lo exigible es que ning\u00fan hallazgo quede sin trazabilidad. Debe conocerse qu\u00e9 se observ\u00f3, qui\u00e9n deb\u00eda responder, qu\u00e9 recomendaci\u00f3n se formul\u00f3, qu\u00e9 medida se adopt\u00f3, qui\u00e9n deb\u00eda ejecutarla y cu\u00e1l fue el resultado. Cuando proceda una investigaci\u00f3n, debe informarse \u2014dentro de los l\u00edmites legales\u2014 si el caso fue remitido y qu\u00e9 decisi\u00f3n se produjo. No para anticipar culpabilidades, sino para impedir que el silencio administrativo sustituya la rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n importa la reparaci\u00f3n. Una sanci\u00f3n no devuelve necesariamente el dinero; una investigaci\u00f3n abierta no recupera recursos, y una condena penal no significa que el patrimonio haya sido restituido. Seg\u00fan lo que determine la autoridad competente, la reparaci\u00f3n puede requerir restituci\u00f3n, indemnizaci\u00f3n, decomiso u otros mecanismos legales. Por eso deben distinguirse los montos observados, los da\u00f1os patrimoniales determinados, las sumas reclamadas y los recursos efectivamente recuperados. No son categor\u00edas intercambiables.<\/p>\n<p>La renegociaci\u00f3n del contrato de AERODOM ofrece un ejemplo de la trazabilidad que debe exigirse, no una prueba de irregularidad. En octubre de 2026, el Gobierno inform\u00f3 que hab\u00eda contratado obras por RD$31,109 millones con recursos vinculados a esa renegociaci\u00f3n y que hab\u00eda ejecutado RD$9,545 millones. Tambi\u00e9n indic\u00f3 que los proyectos estaban en distintas etapas y que la Comisi\u00f3n de Veedur\u00eda recomend\u00f3 auditor\u00edas t\u00e9cnicas y financieras de cada obra. Son datos comunicados oficialmente, no una verificaci\u00f3n independiente de la ejecuci\u00f3n f\u00edsica, financiera y de la calidad de cada proyecto.<\/p>\n<p>La pregunta es si puede seguirse el recorrido de esos recursos desde su ingreso y registro presupuestario hasta cada contrato, pago, avance f\u00edsico, costo final y comprobaci\u00f3n independiente. La ciudadan\u00eda debe poder contrastar lo presupuestado, lo contratado, lo pagado y lo efectivamente construido. La trazabilidad no presupone irregularidad: permite descartarla o demostrarla.<\/p>\n<p>La prevenci\u00f3n comienza antes del pago: justificaci\u00f3n, autorizaci\u00f3n competente, disponibilidad presupuestaria, documentaci\u00f3n suficiente y controles efectivos. Durante la ejecuci\u00f3n deben verificarse los bienes, servicios y trabajos certificados; despu\u00e9s, el cumplimiento contractual, la calidad y los resultados. La tecnolog\u00eda facilita la trazabilidad, pero no sustituye la responsabilidad funcionarial ni la independencia del control. Los datos deben publicarse oportunamente en formatos comprensibles y comparables.<\/p>\n<p>El patrimonio p\u00fablico sostiene servicios y oportunidades. Una gesti\u00f3n deficiente puede dejar obras inconclusas, centros de salud desabastecidos o escuelas sin recursos. La fiscalizaci\u00f3n debe preguntar qu\u00e9 necesidad ciudadana qued\u00f3 desatendida y c\u00f3mo ser\u00e1 corregida.<\/p>\n<p>La fiscalizaci\u00f3n no se mide por la cantidad de informes ni por el volumen de montos observados. Se mide por las correcciones verificables, las responsabilidades establecidas cuando proceda, la reparaci\u00f3n del da\u00f1o y la prevenci\u00f3n de nuevas fallas. Cada auditor\u00eda debe abrir una secuencia de seguimiento con responsables, plazos, decisiones y resultados, respetando la privacidad y las reservas legales.<\/p>\n<p>El dinero p\u00fablico tiene origen, destino y responsables de administrarlo. La sociedad necesita saber qu\u00e9 se investig\u00f3, qu\u00e9 se corrigi\u00f3, qu\u00e9 responsabilidades se establecieron y cu\u00e1nto se recuper\u00f3. Un Estado que descubre, pero no corrige; que audita, pero no sigue sus recomendaciones; que identifica posibles da\u00f1os, pero no informa c\u00f3mo procura repararlos, convierte la fiscalizaci\u00f3n en un ritual documental. La transparencia empieza cuando el ciudadano puede conocer. La rendici\u00f3n de cuentas se completa cuando puede comprobar que hubo respuesta.<\/p>\n<p>La auditor\u00eda debe abrir el camino. El Estado debe responder. Y el pueblo debe poder comprobar los resultados. \u00a1Juntos podemos!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>POR VICTOR GARRIDO PERALTA Una auditor\u00eda puede revelar pagos sin soportes suficientes, contrataciones contrarias a las normas u obras cuyo avance no corresponde con los recursos desembolsados. Es un trabajo indispensable. 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