{"id":94651,"date":"2024-01-19T10:53:11","date_gmt":"2024-01-19T10:53:11","guid":{"rendered":"https:\/\/thelatinpostny.com\/?p=94651"},"modified":"2024-01-19T10:53:11","modified_gmt":"2024-01-19T10:53:11","slug":"hay-responsabilidad-de-lavado-de-activos-por-cobrar-honorarios-profesionales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thelatinpostny.com\/?p=94651","title":{"rendered":"\u00bfHay responsabilidad de lavado de activos por cobrar honorarios profesionales?"},"content":{"rendered":"<p><b>POR CARLOS SALCEDO<\/b><\/p>\n<p>No pretendo aqu\u00ed hacer un ensayo para demostrar el rol del abogado en un proceso penal, ni lo que de derecho penal del enemigo hay en la imputaci\u00f3n al profesional del derecho que defiende los intereses de personas que han sido vinculadas al crimen organizado y a la corrupci\u00f3n.<\/p>\n<p>Pero s\u00ed la labor del defensor penal y en cuanto tal no imputable de lavado de activos por recibir recursos de las personas imputadas de delitos de tal naturaleza y los acercamientos necesarios para poder justificar su participaci\u00f3n excluyente de responsabilidad penal.<\/p>\n<p>Aunque podr\u00eda entra\u00f1ar una discusi\u00f3n mayor, el abogado particular, no el defensor p\u00fablico, no es un auxiliar de la justicia, pues el defensor privado est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de actuar en representaci\u00f3n de los intereses del imputado o acusado, contrario a lo que ocurre con el defensor p\u00fablico, que es un auxiliar de la justicia o defensor del inter\u00e9s p\u00fablico.<\/p>\n<p>Si un abogado defensor puede recomendarle a un imputado guardar silencio o que no declare, sin que dicho consejo se pueda retener como obstaculizaci\u00f3n de la justicia, obviamente que no puede ser vinculado al hecho delictivo del que se le acusa ni tampoco a que los recursos que reciba del imputado puedan ser categorizados como lavado de activos.<\/p>\n<p>Si los abogados privados est\u00e1n llamados a defender a una persona acusada de tipos penales ligados a la criminalidad organizada o la corrupci\u00f3n administrativa no es adecuado pensar que su funci\u00f3n sea la de defender la justicia.<\/p>\n<p>No se puede pretender eliminar la defensa de los ciudadanos imputados, sin importar la categor\u00eda del crimen o delito de que se trate, pues no podemos regresar a \u00e9pocas atenienses, imperiales o ind\u00edgenas en las que se prohibieron los defensores. Si con la Revoluci\u00f3n Francesa se reconoce el derecho a contar con un defensor, la limitaci\u00f3n o la pretensi\u00f3n de eliminaci\u00f3n de la defensa constituir\u00eda una negaci\u00f3n de las bases de legitimaci\u00f3n de un juicio justo y conforme a las garant\u00edas de tutela judicial efectiva y debido proceso consagradas en la Constituci\u00f3n, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley.<\/p>\n<p>Ahora bien, si el abogado presta un servicio esencial para para la comisi\u00f3n de un hecho il\u00edcito, como el lavado de activos, y su prestaci\u00f3n constituye una puerta que sirve para cometer el delito que el sujeto obligado debe cuidar, denegando el suministro de las informaciones delictivas a las autoridades (<i>gatekeeper<\/i>), entonces su responsabilidad penal se ver\u00eda comprometida.<\/p>\n<p>Esto porque, como bien han establecido los alemanes, cuando se trata de honorarios maculados, porque se reputan que tienen un origen il\u00edcito puede haber un cuestionamiento sobre la actuaci\u00f3n inocua o neutral. Lo propio ocurre en los Estados Unidos de Am\u00e9rica cuando de defensas ligadas a la delincuencia organizada se trata, en la cual el abogado se ha involucrado como parte de la estructura (Blanco Cordero).<\/p>\n<p>Lo cierto es que la defensa letrada constituye un elemento constitutivo del derecho fundamental de todo justiciable a un proceso justo y al respeto al derecho de defensa. De ah\u00ed que, imponerles a los abogados informar a las autoridades cuando tengan conocimiento de hechos que conozcan o sospechen que est\u00e1n vinculados al lavado de activos es contradictoria con el deber profesional que obliga al abogado a mantener la integridad de la actividad profesional de que se trata. Tanto la independencia como el secreto profesional, como ocurre con los sacerdotes y m\u00e9dicos, contribuyen a la confianza del p\u00fablico en la profesi\u00f3n de abogado.<\/p>\n<p><b>Uni\u00f3n Europea<\/b><\/p>\n<p>De hecho, como faro de luz del tema bajo comentario, puede citarse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea del 26 de junio de 2007, en la que, sin menoscabo del deber de informaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n de los abogados con las autoridades responsables, se excluyen una serie de actividades del abogado para fines de retener su responsabilidad por lavado de activos, como son:<\/p>\n<p>1) la de defensa en cualquier proceso judicial, en materia de blanqueo de capitales, tanto en los procesos de car\u00e1cter administrativo sancionador como judicial por resguardo de informaci\u00f3n a prop\u00f3sito de la defensa y asesor\u00eda de un imputado;<\/p>\n<p>2) el asesoramiento preventivo, esto es, todo asesoramiento jur\u00eddico que se refiera a la posible incoaci\u00f3n de procesos penales o expedientes administrativos en caso de que se realicen operaciones dirigidas a depurar las responsabilidades tributarias o de otro tipo, o un proceso penal por cualquier delito; y,<\/p>\n<p>3) el asesoramiento jur\u00eddico posterior a la realizaci\u00f3n de transacciones aludidas, con el fin de determinar la posici\u00f3n jur\u00eddica del cliente.<\/p>\n<p>Cosa diferente es cuando la conducta, que se asume como neutral por parte del abogado y que ser\u00eda parte de su secreto profesional y socialmente adecuada, ha conllevado un involucramiento en los hechos que se investigan, o pretende proteger o patrocinar conductas propias de organizaciones criminales y de corrupci\u00f3n administrativa.<\/p>\n<p>Es claro, pues, que el uso del ejercicio de la profesi\u00f3n y del derecho al secreto profesional carente de neutralidad no es penalmente irrelevante ni at\u00edpica. Por el contrario, adquiere sentido delictivo y puede ser penalmente relevante si se dan ciertas condiciones entre las cuales es esencial la inserci\u00f3n de dicha conducta en un contexto delictivo.<\/p>\n<p>De lo contrario, en los procesos judiciales la prerrogativa del derecho a la defensa y al secreto profesional son una necesidad garantizada por el Estado, ya que toda persona tiene \u201cel derecho a un juicio p\u00fablico, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa\u201d (art\u00edculo 69.4 CR). Este respeto al derecho de defensa contiene en s\u00ed mismo el derecho a elegir su propia defensa t\u00e9cnica.<\/p>\n<p>El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos en su art\u00edculo 14.3b) dispone que, durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendr\u00e1 derecho \u201ca disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparaci\u00f3n de su defensa\u00a0<b>y a comunicarse con un defensor de su elecci\u00f3n<\/b>\u201d.<\/p>\n<p>De conformidad con el art\u00edculo 2.15 de la Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, n\u00fam. 155-17, el lavado de activos \u201c<b>es el proceso<\/b>\u00a0mediante el cual personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas y organizaciones criminales,\u00a0<b>persiguen dar apariencia leg\u00edtima a bienes o activos il\u00edcitos<\/b>\u00a0provenientes de los delitos precedentes se\u00f1alados en la presente ley\u201d.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, seg\u00fan define el diccionario panhisp\u00e1nico del espa\u00f1ol jur\u00eddico, corrupci\u00f3n es \u201cel comportamiento consistente en soborno, ofrecimiento o promesa a otra persona que ostenta cargos p\u00fablicos, o a personas privadas,\u00a0<b>a los efectos de obtener ventajas o beneficios contrarios a la legalidad<\/b>\u00a0o que sean de naturaleza defraudatoria\u201d. En nuestro C\u00f3digo Penal, la corrupci\u00f3n est\u00e1 normativamente establecido en los tipos soborno o cohecho (art\u00edculo 177 y ss.), desfalco (art\u00edculos 169 al 172), concusi\u00f3n (art\u00edculo 174) y abuso de autoridad (art\u00edculo 184 y ss).<\/p>\n<p>En ese contexto, el pago de honorarios profesionales, al corresponder con la contraprestaci\u00f3n de un trabajo realizado o por realizar, no debe ser interpretado como lavado de activos, siempre que el comportamiento del abogado sea objetivo y responda a los mandatos \u00e9ticos de imparcialidad. El ejercicio de la abogac\u00eda, particularmente en procesos judiciales, implica una conducta neutral y ordinaria que no tiene un fin lavador porque no pretende limpiar el dinero para un retorno o ingreso al torrente econ\u00f3mico como leg\u00edtimo.<\/p>\n<p>Por el contrario, la representaci\u00f3n legal implica el ejercicio de derechos tan fundamentales como el del trabajo y el de defensa, como el derecho de elegir, dentro de sus propias posibilidades, la defensa t\u00e9cnica que entienda que mejor proteger\u00e1 sus derechos y preservar\u00e1 el secreto profesional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>POR CARLOS SALCEDO No pretendo aqu\u00ed hacer un ensayo para demostrar el rol del abogado en un proceso penal, ni lo que de derecho penal del enemigo hay en la imputaci\u00f3n al profesional del derecho que defiende los intereses de personas que han sido vinculadas al crimen organizado y a la corrupci\u00f3n. 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