{"id":98538,"date":"2024-03-15T10:59:43","date_gmt":"2024-03-15T10:59:43","guid":{"rendered":"https:\/\/thelatinpostny.com\/?p=98538"},"modified":"2024-03-15T10:59:43","modified_gmt":"2024-03-15T10:59:43","slug":"condena-sin-ley-en-la-segunda-sala-corte-penal-del-distrito-nacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thelatinpostny.com\/?p=98538","title":{"rendered":"Condena sin ley en la Segunda Sala Corte Penal del Distrito Nacional"},"content":{"rendered":"<p><b>POR CARLOS SALCEDO<\/b><\/p>\n<p>Hasta hace muy poco no conoc\u00eda ninguna sentencia de los tribunales dominicanos con condenaciones a penas de prisi\u00f3n y de inhabilitaci\u00f3n para ocupar cargos p\u00fablicos, en ocasi\u00f3n de una acusaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, por conductas no elevadas a infracci\u00f3n por el legislador. Y es que se trata de una regla general: no puede haber persecuci\u00f3n ni condena contra nadie sin una ley previa que castigue los hechos objeto de imputaci\u00f3n o acusaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Lamentablemente esa regla ya tiene una excepci\u00f3n. Efectivamente, el pasado 15 de febrero la Segunda Sala de la C\u00e1mara Penal de la Corte de Apelaci\u00f3n del Distrito Nacional, integrada por los magistrados Luis Jim\u00e9nez Rosa, Rosa Garib Holgu\u00edn y Delio Germ\u00e1n Figueroa, conden\u00f3 a Manuel Antonio Rivas Medina, exdirector de la Omsa, a cumplir dos a\u00f1os de prisi\u00f3n\u00a0y orden\u00f3 en su contra la prohibici\u00f3n de ejercer funciones p\u00fablicas durante cinco a\u00f1os.<\/p>\n<p>Con dicha sentencia dicho tribunal acogi\u00f3 parcialmente lo solicitado por el Ministerio P\u00fablico, que hab\u00eda apelado la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado de la C\u00e1mara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional que, a su vez, hab\u00eda declarado la absoluci\u00f3n y el consecuente descargo de los hechos que, por supuesta corrupci\u00f3n administrativa, le hab\u00eda imputado dicho \u00f3rgano persecutor a Rivas Medina.<\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><b>Conducta de la Omsa conforme a la ley y la resoluci\u00f3n 15\/08<\/b><\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b>Aqu\u00ed no solo se trata de una cr\u00edtica a la sentencia, que bien puede y deber\u00eda ser revocada, en puridad de derecho, en ocasi\u00f3n de un recurso de casaci\u00f3n ejercido contra dicha decisi\u00f3n. Lo trascendente es que, adem\u00e1s de haber sido absuelto Manuel Rivas por las imputaciones de soborno, desfalco y prevaricaci\u00f3n, lo cual fue incluso confirmado por dicha sala de la corte penal, las juezas del segundo colegiado dieron cuenta de que las actuaciones de la Omsa fueron realizadas en apego a las previsiones de la resoluci\u00f3n 15\/08, del 4 de noviembre de 2008, de la Direcci\u00f3n General de Contrataciones P\u00fablicas, que fuera derogada con posterioridad a los hechos acusados, mediante la resoluci\u00f3n 02-18.<\/p>\n<p>Dicha normativa permit\u00eda, en efecto, que las entidades p\u00fablicas realizaran compras y contrataciones directas para pasajes a\u00e9reos, combustible, vales de combustibles y reparaciones de veh\u00edculos de motor, como es la naturaleza de la propia entidad -transporte de pasajeros, en autobuses- de la que era director el hoy condenado sin ley, Manuel Antonio Rivas Medina. Por dichas disposiciones la orden de compra val\u00eda como contrato, con lo cual se cumpl\u00eda v\u00e1lidamente con el voto de la ley 340-06 y de la referida resoluci\u00f3n emanada del \u00f3rgano rector de las compras y contratraciones del Estado.<\/p>\n<p><b>Sentencia de primer grado, del Segundo Tribunal Colegiado del D.N.<\/b><\/p>\n<p>En su sentencia las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional consideraron que hubo omisiones y falta de supervisi\u00f3n por parte de Manuel Rivas para que los procesos de compras pudieran ser mucho m\u00e1s efectivos. Pero, adem\u00e1s de dar cuenta de que este no se benefici\u00f3 personalmente, ni se afectaron los recursos del presupuesto de la Omsa, concluyeron que no se trat\u00f3 de actuaciones dolosas y que la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, n\u00fam. 340-06, no prev\u00e9 ninguna sanci\u00f3n penal por dichos hechos, rechazando, en consecuencia, en su totalidad, la acusaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><b>Segunda Sala de la Corte Penal del D. N. crea una ley<\/b><\/p>\n<p>Actuando de espaldas a esta realidad normativa, la Segunda Sala de la Corte de Apelaci\u00f3n del Distrito Nacional conden\u00f3 al se\u00f1or Rivas Medina, para lo cual, sin facultad constitucional ni legal para ello, cre\u00f3, cual nueva fuente de derecho sustantivo, una norma prohibitiva, represiva penal, cuando se trata de una labor reservada, exclusivamente, al Congreso Nacional.<\/p>\n<p>Lo penoso y alarmante es que dicha sala penal conden\u00f3 a Manuel Rivas por, supuestamente, haber adecuado su conducta a las disposiciones del art\u00edculo 65 de la preindicada ley 340-06, cuando dicha previsi\u00f3n legal no trae aparejada ninguna de las sanciones impuestas. Todo lo contrario, las \u00fanicas que prev\u00e9 la norma vigente son de naturaleza puramente administrativas.<\/p>\n<p>Es de amplio conocimiento p\u00fablico, como lo ha afirmado el propio director general de compras y contrataciones del Estado, que la Ley de Compras y Contrataciones, n\u00fam. 340-06, fue derogada por la ley 449-06 y que solo contiene sanciones administrativas en caso de transgresi\u00f3n a dicha norma, no as\u00ed sanciones de prisi\u00f3n ni de inhabilitaci\u00f3n del funcionario, como lo hizo la Segunda Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional.<\/p>\n<p>Err\u00f3neamente la corte consider\u00f3 \u201c<i>que como m\u00e1xima autoridad ejecutiva de la OMSA que era MANUEL RIVAS MEDINA, estaba obligado a procurar la correcta ejecuci\u00f3n de los actos que conllevan los procesos de contrataci\u00f3n, que las adjudicaciones se hicieran en favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la m\u00e1s conveniente para los intereses institucionales y del pa\u00eds, pues aun habiendo delegado en parte su representaci\u00f3n en el comit\u00e9\u00ec de compras y contrataciones esto no lo exim\u00eda de su deber de vigilancia sobre los actos realizados por los \u00f3rganos de la instituci\u00f3n (\u2026) En ese sentido,\u00a0<\/i><b><i>de conformidad con las disposiciones<\/i><\/b><i>\u00a0del art\u00edculo 338 del C\u00f3digo Procesal Penal y\u00a0<\/i><b><i>del art\u00edculo 65 de la referida ley\u00a0<\/i><\/b><i>(de compras y contrataciones del Estado) procede dictar sentencia condenatoria contra el recurrido MANUEL RIVAS MEDINA para condenarlo a dos (2) a\u00f1os de prisi\u00f3n, as\u00ed\u00ec como tambi\u00e9n ordenar en su contra la prohibici\u00f3n de ejercer funciones publicas durante cinco (5) a\u00f1os, acogiendo en esta parte lo solicitado por el ministerio p\u00fablico<\/i>\u201d (enfasis y par\u00e9ntesis m\u00edos).<\/p>\n<p>Fue con base en este criterio distorsionado y preocupante que la corte conden\u00f3 a Manuel Antonio Rivas Medina<b>\u00a0<\/b>a cumplir 2 a\u00f1os de prisi\u00f3n, es decir, por hechos catalogados en la norma como infracciones administrativas, muchas de las cuales no les aplican a las funciones que realizaba este y, en caso de aplicar, no tienen cabida desde la coautor\u00eda o la complicidad, al tratarse de hechos de los cuales debe responder cada funcionario seg\u00fan sus particulares funciones. Esto es, se trata de delitos especiales propios o por actos propios, que tienen que ver con el car\u00e1cter del sujeto para la definici\u00f3n del delito, como ocurre en el desfalco, la concusi\u00f3n, el soborno o cohecho, el delito de los funcionarios que se mezclen en asuntos incompatibles con su calidad y la prevaricaci\u00f3n, los cuales solo pueden ser cometidos por quienes tienen la condici\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b><b>Violaci\u00f3n al principio de legalidad penal<\/b><\/p>\n<p>Con dicha actuaci\u00f3n, la Segunda Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional incurre en una patente violaci\u00f3n a los principios de legalidad y de seguridad jur\u00eddica, sin perjuicio de otros de igual naturaleza como el de tutela judicial efectiva y el debido proceso, lo que evidentemente deber\u00e1 traer las implicaciones que derivan del ordenamiento jur\u00eddico.<\/p>\n<p>Por disposici\u00f3n del art\u00edculo 69.7 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica \u201c<b>Ninguna persona podra\u00ec ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa<\/b>, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio\u201d.<\/p>\n<p>Dichas disposiciones cuentan con un gran desarrollo y respaldo jurisprudencial por parte del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia. Basta ver, como ejemplo, las sentencias TC\/183\/14 del 14 de agosto de 2014 y TC\/00092\/19 del 21 de mayo de 2019.<\/p>\n<p>En cuanto al principio de seguridad jur\u00eddica, me voy a limitar a referir s\u00f3lo dos de las sentencias del Tribunal Constitucional. En la primera, este considera que \u201c[l]a seguridad juri\u00ecdica consiste en la certeza y confianza que debe infundir el derecho en cuanto a la estabilidad del orden legal y la eficacia de su funcionamiento\u201d (TC\/0121\/13 del 4 de julio de 2013, p\u00e1gs. 23-24).<\/p>\n<p>Y en la segunda sentencia, el Tribunal Constitucional dispuso \u201cque la seguridad jur\u00eddica se relaciona con la estabilidad de las normas, razo\u00ecn por la cual para cambiarlas se precisa de un debate pu\u00ecblico y abierto, por lo que existen\u00a0reglas muy bien definidas para la formacio\u00ecn y efectos de las leyes.\u00a0<b>La seguridad juri\u00ecdica tiene que ver con la irretroactividad de las leyes, con el principio de legalidad en la actuacio\u00ecn de la administracio\u00ecn pu\u00ecblica<\/b>, con la atribucio\u00ecn de competencia a los jueces, entre otros.\u201d (TC\/0489\/15 del 6 de noviembre de 2015, p\u00e1g. 12).<\/p>\n<p>De igual forma, al referirse a la legalidad y a la seguridad jur\u00eddica en los procesos penales,\u00a0nuestra Suprema Corte de Justicia\u00a0ha considerado que \u201cuno de los componentes ma\u00ecs importantes de un Estado de derecho, lo constituye el principio de legalidad, garanti\u00eca de seguridad jur\u00eddica e individual (\u2026), que es\u00a0<b><i>nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege\u00a0<\/i><\/b>y que consagra<i>,<\/i><b><i>\u00a0<\/i><\/b>en t\u00e9rminos generales,\u00a0<b>la prohibicio\u00ecn de penar un hecho que no este\u00ec contenido en la ley<\/b>.\u00a0<b>De manera que solo la ley escrita puede ser fuente de derecho penal y el u\u00ecnico o\u00ecrgano capaz de encargarse de la produccio\u00ecn de normas penales es el Poder Legislativo<\/b>\u00a0(\u2026) (Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, sentencia\u00a0nu\u00ecm. SCJ-SS-23-0911 del 31 de agosto de 2023, pp. 307 y siguientes, principales sentencias mayo-agosto 2023) (\u00e9nfasis mio).<\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b>En la especie, la corte<i>\u00a0<\/i>condena a Manuel Antonio Rivas Medina por hechos no previstos en la ley, con lo cual se autodeclara como fuente del derecho sustantivo, cuando la propia ley que esgrime en su altamente cuestionada sentencia solo contiene consecuencias administrativas. Efectivamente, el ordinal quinto de la sentencia bajo an\u00e1lisis establece que Manuel Antonio Rivas Medina fue declarado \u201cculpable de violacio\u00ecn a las disposiciones del arti\u00ecculo 14 numerales 3, 4, 5, 6, 10, 11; y arti\u00ecculos 17, 18; 26, 27, 28, 54, 57 de la Ley nu\u00ecm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones; arti\u00ecculos 3 numeral 3), 4 numerales 2), 3), 4), 7) literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j; asi\u00ec como los numerales 9) y 10) del Reglamento nu\u00ecm. 543-12 de la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones,\u00a0<b>de conformidad con el Pa\u00ecrrafo II del arti\u00ecculo 65 de la Ley nu\u00ecm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones<\/b>\u201d.<\/p>\n<p>Sin embargo, dicho art\u00edculo 65 y su p\u00e1rrafo II, lo que dispone es que \u201cEn el caso de los funcionarios del Poder Ejecutivo, las sanciones por incumplimiento de las disposiciones de la presente ley se aplicara\u00ecn de conformidad con el re\u00ecgimen previsto en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. En los restantes casos, la aplicacio\u00ecn de sanciones, se regira\u00ec por lo establecido en los respectivos estatutos disciplinarios. P\u00e1rrafo II.- Todos los funcionarios que participen en los procesos de compra o contratacio\u00ecn sera\u00ecn responsables por los dan\u00deos que por su negligencia o dolo causare al patrimonio pu\u00ecblico y sera\u00ec pasible de las sanciones establecidas en la presente ley, sin perjuicio de las sanciones penales de la que pueda ser objeto\u201d.<\/p>\n<p>Como se observa, esta ley no prev\u00e9 ninguna pena de prisi\u00f3n ni de prohibici\u00f3n para ejercer cargo p\u00fablico al funcionario procesado. Es evidente que, en el caso, se trata de la comisi\u00f3n, por parte de los jueces actuantes, de la Segunda Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, de una falta profesional grave e inexcusable\u00a0por su naturaleza, pues han vulnerado abierta y notoriamente con dicho comportamiento, entre otros, los principios de legalidad, seguridad jur\u00eddica y de separaci\u00f3n de funciones de los poderes p\u00fablicos, establecidos en los art\u00edculos 69.7 y 4 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>POR CARLOS SALCEDO Hasta hace muy poco no conoc\u00eda ninguna sentencia de los tribunales dominicanos con condenaciones a penas de prisi\u00f3n y de inhabilitaci\u00f3n para ocupar cargos p\u00fablicos, en ocasi\u00f3n de una acusaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, por conductas no elevadas a infracci\u00f3n por el legislador. Y es que se trata de una regla general: no [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":98541,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-98538","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-opinion"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/98538","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=98538"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/98538\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":98543,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/98538\/revisions\/98543"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/98541"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=98538"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=98538"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/thelatinpostny.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=98538"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}