POR BLAS RAFAEL FERNANDEZ
Existe una ley física que suele evocarse también para explicar determinadas actuaciones humanas: “A toda acción corresponde una reacción en sentido contrario, pero de igual intensidad”.
En nuestra legislación penal, como en la de numerosos países, se reconoce la legítima defensa. Su lógica puede observarse tanto en las acciones individuales como, con las debidas diferencias jurídicas, en la actuación del Estado.
Ante un peligro inminente, las personas suelen responder de la forma que demandan y permiten las circunstancias: una persona o una familia puede esconderse, asegurar sus puertas o levantar una pared alta.
Cuando es el Estado el que se siente amenazado, actúa mediante los instrumentos que controla y sobre los cuales ejerce legítimamente el monopolio de la fuerza.
En este momento histórico de la humanidad, pese a las distancias y falencias que pueden generar la tecnología, algunos medios de comunicación y los intereses de toda índole, a todos nos convienen la armonía y la buena voluntad.
En la República Dominicana, la Providencia ha puesto su mano en los momentos más difíciles de nuestra historia, desde los tiempos del descubrimiento y la hegemonía española sobre la original Quisqueya -La Española o Santo Domingo- hasta nuestros días.
En toda sociedad y en la propia condición humana coexisten virtudes con bajas pasiones, envidias, mediocridades, ambiciones desmedidas y limitaciones que, inevitablemente, ponen a prueba la convivencia.
No pierde vigencia el concepto de que “el desarrollo es el nuevo nombre de la paz”. Sin embargo, la sociedad evoluciona: lo único que no cambia es el cambio.
En esa virtud, nadie, por muy bien intencionado que esté, ni ningún grupo por sí solo, puede garantizar la tranquilidad y el sosiego nacional. Solo reglas claras, precisas, posibles, adaptadas y adaptables a nuestro medio, con visión de futuro, constituyen una fórmula conveniente para la nación.
La Constitución y la institucionalidad deben y pueden ser, entonces, el nuevo nombre de la paz.
