Una coalición de estados liderados por California presentaron este viernes una demanda contra el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump por la derogación de las normas federales sobre el consumo de combustible en los vehículos.
La demanda, presentada por el fiscal general de California, Rob Bonta, junto a un grupo de veintiséis estados, condados y ciudades del país, alegó que la nueva normativa debilita los requisitos de ahorro de combustible para automóviles y camionetas ligeras.
El cambio introducido por Trump reduce el requisito de eficiencia de combustible a vehículos proyectado a 2031 de 34.9 millas por galón (6.7 litros a los 100 kilómetros), en vez de los 50.4 millas por galón (4.7 litros a los 100 kilómetros), y que fue promulgado durante el mandato del demócrata Joe Biden.
«El cambio normativo deroga las protecciones contra las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de las centrales eléctricas de carbón, petróleo y gas, vigentes durante la administración Biden«, indicó la Fiscalía de California -en un comunicado-.
Reacción oficial
Mientras funcionarios federales defendieron la medida como una forma de dar impulso a la industria automotriz en EE. UU. y reducir los costos iniciales de compra para los consumidores, los demandantes consideran que el cambio viola las normativas medioambientales y anula los ahorros a largo plazo en combustible.
Este incremento coincide con la escalada de precios de los combustibles en Estados Unidos, disparados a raíz del conflicto con Irán que interrumpió el suministro mundial de petróleo desde febrero.
Entre los firmantes se encuentran los estados de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin.
Impugnaciones legales
Esta es al menos una de las tres impugnaciones legales presentadas esta semana contra las nuevas normas del Departamento de Transporte de EE. UU., así como a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras.
Dos de estas demandas fueron presentadas por grupos ambientalistas sin fines de lucro que cuestionaron al Gobierno por incumplir con el requisito de niveles «máximos factibles» de control de contaminación establecido por el Congreso estadounidense.
