POR VICTOR GARRIDO PERALTA
La distancia entre el derecho reconocido y la respuesta que recibe la persona
Un derecho puede estar reconocido por la ley y una persona figurar como afiliada, denunciante o matriculada sin recibir la respuesta que necesita. Los registros informan sobre cobertura, actividad y escolarización; no demuestran, por sí solos, que un paciente recibió atención, una víctima obtuvo protección o un estudiante aprendió.
En República Dominicana, la evidencia muestra brechas diferentes en salud, seguridad ciudadana y educación. No prueba una causa común ni permite afirmar que ejercer esos derechos dependa habitualmente de favores o contactos. La pregunta es concreta: ¿qué respuesta recibe la persona y qué resultado obtiene?
En salud, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) registraba, a septiembre de 2026, una cobertura del Seguro Familiar de Salud de 97.0 %, equivalente a 10,644,735 afiliados. Es un avance que debe reconocerse, aunque la afiliación no garantiza por sí misma la atención que necesita cada persona.
La protección financiera también presenta desafíos. Los pagos directos de los hogares representaron el 25.06 % del gasto corriente en salud en 2023, frente al 32.21 % en 2013. La cifra supera el promedio mundial de 17.33 %. Este indicador mide la proporción del gasto sanitario financiada por los hogares, no el porcentaje de sus ingresos destinado a salud ni, por sí solo, el gasto catastrófico.
La Memoria Institucional 2025 de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), en su Cuadro 22, registra reclamaciones por no cobertura, retención de pacientes por facturas pendientes, cobros superiores a lo establecido, denegaciones y tardanzas de autorización. Son registros administrativos, no una tasa nacional de desprotección ni un recuento de personas distintas.
En seguridad ciudadana, la tasa de homicidios no describe por sí sola lo que sucede después de un robo: si la víctima denuncia, recibe protección o conoce el avance de la investigación. La encuesta ENHOGAR 2022 encontró que, entre quienes sufrieron un robo con violencia y no denunciaron el último hecho, el 28.1 % esperaba que la autoridad no hiciera nada.
Entre las demás razones declaradas figuraron la falta de pruebas (17.2 %), considerar innecesario acudir a la autoridad (16.4 %) y el temor a represalias (7.1 %). La complejidad burocrática fue señalada por el 0.1 %. Estos datos corresponden a 2022 y no demuestran que las autoridades permanecieran inactivas.
Mejorar la denuncia exige más que facilitar los trámites: también requiere facilitar la aportación de pruebas, proteger a las víctimas y ofrecerles información sobre la evolución de sus casos. La respuesta pública debe incluir seguimiento, no limitarse a recibir una declaración.
En educación, la matrícula tampoco equivale a aprendizaje. Según PISA 2025, apenas el 9 % de los estudiantes dominicanos de 15 años incluidos en la población representada alcanzó al menos el nivel 2 de competencia matemática. Esa población equivale aproximadamente al 68 % del total estimado de jóvenes de esa edad, pues PISA evalúa a estudiantes escolarizados.
Los promedios dominicanos en Matemáticas, Ciencias y Lectura fueron aproximadamente iguales a los de 2022. En Matemáticas y Ciencias se mantuvieron por encima de los resultados de 2015 y 2018. Frente a 2015, el porcentaje por debajo del nivel 2 disminuyó 12 puntos en Ciencias, pero no registró un cambio estadísticamente significativo en Matemáticas.
Los tres sectores no conforman una sola crisis ni admiten una explicación uniforme. En salud, la brecha aparece entre afiliación, protección financiera y prestación; en seguridad, entre victimización, denuncia, protección e investigación; en educación, entre escolarización y aprendizaje. Examinar el recorrido de la persona permite identificar dónde falla la garantía de cada derecho.
Los organismos responsables deben publicar indicadores de respuesta y resultados, además de cifras de actividad y cobertura. En salud: tiempos de autorización, disponibilidad de medicamentos y resolución de reclamaciones. En seguridad: tiempos de respuesta, estado de las investigaciones e información a las víctimas. En educación: asistencia, tiempo efectivo de enseñanza, aprendizaje y progresión escolar.
Cada indicador debe precisar población, denominador, fecha de corte, periodicidad, metodología, desagregación territorial y organismo responsable. Cuando exista un estándar de respuesta, debe publicarse junto con el procedimiento para revisar los casos en que no se cumpla. Las cifras de actividad no bastan para demostrar que un derecho fue garantizado.
Las responsabilidades se distribuyen entre quienes financian, prestan, regulan, supervisan y administran los servicios. Es necesario identificar quién recibe la solicitud, quién decide, quién presta el servicio y quién revisa la reclamación. La coordinación debe resolver la fragmentación, no trasladar al ciudadano la obligación de gestionar por su cuenta a quienes deben responder.
Un derecho no se hace efectivo por su proclamación ni por su presencia en un registro. Se comprueba en la respuesta y el resultado que recibe la persona, y en su posibilidad de obtener explicación, revisión y reparación cuando aquella falla. Reconocer avances no obliga a ocultar limitaciones; señalar limitaciones tampoco justifica desconocer progresos.
La República no necesita que sus ciudadanos mendiguen una respuesta que forma parte de sus derechos. Necesita demostrar, con información verificable y resultados observables, que puede garantizarla.
