Hay crisis bancarias que comienzan mucho antes de que una institución financiera cierre sus puertas. Se incuban cuando los intereses privados consiguen acercarse demasiado al poder político, y los organismos reguladores pierden independencia o determinados grupos económicos encuentran en las estructuras del Estado una plataforma para expandir sus negocios.
La caída de Baninter en República Dominicana, en 2003, y la intervención de Ueno Bank en Paraguay, en noviembre de 2026, nos obliga a examinar la frontera entre grupos empresariales, el poder político y la utilización de los mecanismos financieros espurios.
No estamos ante dos acontecimientos idénticos, pero sí ante dos episodios que permiten ver los riesgos de la concentración económica sin controles institucionales efectivos.
Para comprender lo que ocurre en Paraguay hay que ir a su historia.
Desde su independencia de 1811, el país atravesó diferentes modelos de organización política y económica. La Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) destruyó buena parte de su estructura productiva y abrió un proceso de reconstrucción en que la venta de tierras públicas y la entrada de capitales extranjeros modificaron profundamente la propiedad y la distribución de la riqueza.
Con el paso de las décadas se fueron consolidando grupos propietarios, comerciantes e industriales que adquirieron una creciente influencia —origen de la burguesía por medio de la acumulación originaria— en la economía nacional.
En 1887 nacen las dos grandes organizaciones que marcarían la vida política paraguaya: la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, y el Partido Liberal, posteriormente reorganizado como Partido Liberal Radical Auténtico. Ambos protagonizaron una prolongada disputa por el control del Estado, en medio de guerras civiles, enfrentamientos militares y sucesivas crisis institucionales.
Esta competencia partidaria no eliminó la influencia de los sectores económicos tradicionales. La propiedad de la tierra, el comercio, la producción agropecuaria y el acceso a los recursos públicos continuaron siendo factores determinantes en la distribución del poder.
La llegada de Alfredo Stroessner mediante el golpe de Estado de 1954 inauguró uno de los períodos más prolongados de totalitarismos en América Latina. Durante 35 años, el Partido Colorado, las Fuerzas Armadas y el aparato gubernamental funcionaron como los principales soportes de un régimen que no solamente persiguió a sus adversarios políticos, sino que también estableció relaciones de privilegio con sectores económicos cercanos al poder.
La dictadura creó condiciones para que determinados empresarios acumularan propiedades, contratos, concesiones y ventajas comerciales que difícilmente podían obtener quienes permanecían fuera de sus redes de influencia.
La dictadura terminó en febrero de 1989, pero las estructuras económicas que se habían desarrollado durante ese período no desaparecieron con Stroessner. Andrés Rodríguez asumió la conducción del país y el Partido Colorado permaneció en el Gobierno. Posteriormente llegaron Juan Carlos Wasmosy, Raúl Cubas Grau y Luis González Macchi, en medio de disputas partidarias y crisis institucionales. El Partido Liberal mantuvo una presencia importante en la oposición y en las alianzas políticas. La Constitución de 1992 estableció un nuevo marco democrático, pero la transformación electoral no produjo automáticamente una redistribución del poder económico.
En ese proceso se consolidaron conglomerados empresariales con presencia en múltiples sectores. Entre los nombres que aparecen figuran los grupos Cartes, Vierci y Zuccolillo, ahora identificado empresarialmente como Grupo Azeta. También tienen relevancia conglomerados, como los grupos Vázquez y Zapag. Sus actividades abarcan el comercio, la industria, los medios de comunicación, la agroindustria, los servicios, la tecnología y las finanzas. Algunos tienen participación directa en el sistema bancario; otros ejercen influencia económica mediante sus inversiones, sus empresas y sus relaciones comerciales.
Conviene hacer una distinción: la existencia de grandes grupos empresariales no constituye por sí misma una irregularidad. El problema aparece cuando la concentración económica se combina con relaciones privilegiadas con el poder político, conflictos de intereses, contrataciones cuestionadas, operaciones financieras entre empresas vinculadas o una supervisión institucional incapaz de actuar con independencia.
Es precisamente esa frontera la que debe examinarse.
Al ser elegido Fernando Lugo en 2008 interrumpió la continuidad presidencial colorada, pero su Gobierno terminó abruptamente con la destitución 2012. Un año después regresa el Partido Colorado con Horacio Cartes, empresario que llegó a la Presidencia con una extensa trayectoria de negocios. Su gestión colocó nuevamente en el centro del debate la relación entre la actividad empresarial, la conducción del Estado y la influencia política de los grandes conglomerados. Posteriormente, Mario Abdo Benítez encabezó otro Gobierno colorado, mientras las disputas internas de la organización y el peso político de Cartes continuaron marcando la vida nacional.
Con Santiago Peña, elegido en 2023 y respaldado por el liderazgo partidario de Horacio Cartes, la relación entre el poder político y los intereses empresariales adquirió una nueva dimensión. Peña había tenido vínculos comerciales con el Grupo Vázquez, propietario de Ueno, y reconoció haber mantenido una participación accionaria que vendió en marzo de 2025. El asunto cobró especial interés cuando Ueno Bank comenzó a recibir una cantidad considerable de recursos públicos y se conocieron operaciones crediticias con sociedades relacionadas con su grupo empresarial.
El Grupo Vázquez no es una empresa surgida de la noche a la mañana. Su propia historia institucional describe una expansión que abarca el comercio, la tecnología, los servicios financieros, los seguros, los agronegocios y otras actividades. Su crecimiento merece ser estudiado dentro de la transformación del empresariado paraguayo. Sin embargo, el desarrollo de Ueno Bank y sus relaciones con el sector público plantearon interrogantes que terminaron convirtiéndose en un asunto de alcance nacional.
Las investigaciones de ABC Color publicadas en octubre este 2026 documentaron coincidencias entre depósitos del Estado y del Instituto de Previsión Social en Ueno Bank y posteriores desembolsos de préstamos a empresas vinculadas al emporio financiero. Entre las sociedades mencionadas figuran Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA.
La documentación examinada por el periódico, puntualiza créditos que se concedieron sin garantías reales suficientes y por encima de límites que debían ser respetados.
La publicación también describió transferencias posteriores hacia otras sociedades relacionadas. Se trata de hallazgos que deben ser contrastados en los procedimientos judiciales, pero cuya gravedad exige explicaciones.
La dimensión de los recursos involucrados es particularmente importante. Los informes son de que Ueno administraba aproximadamente US$850 millones en fondos públicos, mientras del sistema previsional entre US$800 millones y US$850 millones, incluyendo unos US$380 millones del fondo estatal de pensiones y salud.
¡Pobre obreros y empleados!
No estamos hablando de una pequeña operación comercial ni de una entidad marginal dentro de la economía paraguaya.
Ueno había alcanzado aproximadamente tres millones de clientes, convirtiéndose en una institución de considerable presencia en el mercado financiero.
El 3 de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay dispuso iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal requerido.
La decisión fue adoptada por unanimidad por el directorio del organismo.
La intervención buscaba preservar los activos, proteger a los depositantes y garantizar un procedimiento ordenado.
El acontecimiento provocó preocupación entre los clientes, incertidumbre sobre los recursos depositados y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades supervisoras.
Pero la crisis no terminó en las oficinas bancarias.
La Fiscalía abrió investigaciones sobre las operaciones de la entidad y se emitieron órdenes de detención contra directivos.
Se informó que ocho ejecutivos estaban sujetos a órdenes de arresto, mientras Associated Press reportó la detención de varios responsables.
También surgieron preguntas sobre la relación anterior de Carlos Carvallo, quien había dirigido la entidad financiera precedente a Ueno y posteriormente ocupó la presidencia del Banco Central. Carvallo presentó su renuncia después de la intervención.
Aunque el organismo sostuvo que se había apartado de las decisiones relacionadas con Ueno, el episodio abrió un debate sobre las puertas giratorias entre el sector privado y las instituciones encargadas de vigilar y supervisar.
La crisis adquirió una dimensión política superior por los vínculos comerciales de Santiago Peña con el Grupo Vázquez.
Continuará…
