No creo en las etiquetas, ni de izquierda ni de derecha

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Después de más de seis décadas observando la política dominicana y latinoamericana, he llegado a una conclusión que puede parecer provocadora: cada vez creo menos en las etiquetas políticas de izquierda y de derecha.

No porque hayan desaparecido las diferencias ideológicas, sino porque demasiados dirigentes han convertido esas denominaciones en simples instrumentos electorales.

La izquierda y la derecha, que durante generaciones representaron visiones distintas sobre el Estado, la economía y la sociedad, se han transformado muchas veces en uniformes de campaña.

El candidato se coloca el uniforme que le proporciona votos. Cuando alcanza el poder, se lo quita, lo modifica o lo acomoda a sus conveniencias.

A este fenómeno lo llamo la teoría de la etiqueta prestada.

Porque una cosa es la ideología que se proclama para conquistar el poder y otra, muy distinta, la conducta que se adopta cuando se ejerce.

La etiqueta sirve para ganar, pero no necesariamente para gobernar

En una campaña electoral resulta mucho más sencillo proclamarse de izquierda o de derecha que explicar detalladamente un programa de gobierno.

La etiqueta identifica, moviliza, divide y despierta pasiones. Pero una vez instalado en el Palacio Presidencial, el gobernante descubre que las realidades económicas, las presiones sociales, los intereses empresariales y las ambiciones políticas no siempre caben dentro de sus definiciones ideológicas.

Entonces comienza la contradicción.

El izquierdista termina protegiendo a los grandes capitales. El derechista desarrolla programas de asistencia social. El liberal interviene los mercados. El revolucionario concentra el poder. Y el conservador impulsa reformas que sus adversarios reclamaban desde hacía décadas.

La realidad termina imponiéndose sobre el discurso.

Balaguer: el gran ejemplo dominicano

Para comprender este fenómeno no necesitamos viajar a Brasil, México o Estados Unidos. Tenemos un ejemplo extraordinario en nuestra propia historia: Joaquín Balaguer.

Balaguer fue identificado durante toda su trayectoria como un político conservador, anticomunista y representante de la derecha dominicana.

Su vinculación con el régimen de Trujillo, su posición durante la Guerra Fría y su enfrentamiento con las organizaciones revolucionarias consolidaron esa imagen.

Sin embargo, cuando examinamos una parte importante de sus políticas públicas, encontramos una paradoja histórica: Balaguer ejecutó numerosas reformas sociales que tradicionalmente constituían banderas de la izquierda dominicana.

La izquierda reclamaba tierra para los campesinos. Balaguer impulsó la Reforma Agraria, mediante la distribución de tierras estatales y la creación de asentamientos campesinos.

La izquierda reclamaba viviendas populares. Balaguer desarrolló amplios programas habitacionales, particularmente a través del Instituto Nacional de la Vivienda y otras instituciones públicas.

La izquierda reclamaba infraestructura para transformar las condiciones de vida del campesinado. Balaguer impulsó la construcción de grandes presas, sistemas de riego, acueductos y carreteras rurales.

Tavera, Valdesia, Rincón, Sabana Yegua, Sabaneta y Jigüey forman parte de ese legado de infraestructura hidráulica.

Y en 1992, durante su último período presidencial, fue promulgado el Código de Trabajo, que fortaleció y reorganizó importantes garantías laborales. Además de otras reformas importantes para el buen funcionamiento económico y social del país.

Un presidente identificado con la derecha autoritaria desarrolló políticas de redistribución, inversión pública y protección social que también formaban parte del discurso de sus adversarios de izquierda.

Balaguer comprendió algo que muchos políticos todavía no entienden: las necesidades sociales no tienen carnet ideológico.

Y una parte de su prolongada permanencia en el poder puede explicarse por su capacidad de apropiarse de demandas sociales que sus adversarios consideraban patrimonio exclusivo de sus organizaciones.

Cuando la izquierda gobierna como la derecha

El fenómeno no es exclusivamente dominicano.

Luiz Inácio Lula da Silva llegó al poder en Brasil como símbolo de la izquierda sindical y del movimiento obrero.

Sin embargo, durante su primer gobierno designó al exejecutivo bancario Henrique Meirelles al frente del Banco Central, mantuvo políticas de disciplina macroeconómica y pagó anticipadamente la deuda brasileña con el Fondo Monetario Internacional.

Al mismo tiempo desarrolló importantes programas sociales.

¿Era Lula de izquierda o de derecha? Ideológicamente, de izquierda. Pero sus políticas económicas incorporaron instrumentos asociados al pensamiento liberal y a la estabilidad financiera.

En México, Andrés Manuel López Obrador llegó al poder con un discurso progresista y la promesa de transformar las relaciones entre el Estado y la sociedad.

Sin embargo, fortaleció considerablemente la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, las aduanas, los puertos y grandes proyectos de infraestructura.

En Nicaragua, Daniel Ortega regresó al poder reivindicando la revolución sandinista. Pero su gobierno evolucionó hacia una creciente concentración del poder, restricciones a la oposición y un esquema de sucesión familiar.

Puede llamarse revolucionario un sistema político que termina reproduciendo prácticas autoritarias y dinásticas?

La pregunta merece una reflexión que trasciende las etiquetas.

Cuando la derecha gobierna con instrumentos de la izquierda

También ocurre lo contrario.

Donald Trump, identificado con el conservadurismo estadounidense y el nacionalismo económico, ha utilizado aranceles, intervenciones comerciales y políticas proteccionistas que contradicen los principios tradicionales del libre comercio.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil entre 2019 y 2022, llegó con un discurso contrario al asistencialismo político, pero su gobierno amplió las transferencias monetarias mediante Auxílio Brasil.

Nayib Bukele, en El Salvador, ha desarrollado un modelo de fuerte concentración de las decisiones estatales, particularmente en materia de seguridad, acompañado de una amplia intervención gubernamental en diferentes áreas.

Y mucho antes, Richard Nixon, uno de los grandes exponentes del anticomunismo estadounidense, abrió las relaciones diplomáticas con la China comunista, estableció controles temporales de precios y salarios y creó la Agencia de Protección Ambiental.

Estos ejemplos demuestran que las decisiones de gobierno no siempre responden a las fronteras ideológicas proclamadas.

Pero también enseñan que el proteccionismo, la asistencia social o la intervención estatal no convierten automáticamente a un gobernante de derecha en izquierdista, ni la disciplina fiscal transforma necesariamente a un socialista en conservador.

Las políticas públicas no pertenecen exclusivamente a ninguna ideología.

Paraguay y bolivia: la realidad contra el discurso

Los acontecimientos recientes de América Latina ofrecen otra dimensión del problema: la distancia entre la imagen del candidato y los resultados del gobernante.

Santiago Peña llegó a la Presidencia de Paraguay proyectando una imagen de competencia técnica, preparación económica y capacidad administrativa.

Sin embargo, la crisis financiera vinculada al banco Ueno desembocó, en noviembre de 2026, en una grave crisis política, su presentación de renuncia y un proceso de destitución.

El caso demuestra que la formación técnica, por sí sola, no garantiza una administración pública eficaz ni protege a un gobierno frente a una crisis de confianza institucional.

En Bolivia, Rodrigo Paz cumple su primer año presidencial enfrentando un deterioro significativo de su respaldo ciudadano.

Según una encuesta de Ipsos CIESMORI, su aprobación descendió del 65 % al inicio de su mandato al 25 % al concluir su primer año, mientras la desaprobación alcanzó el 59 %.

Son cifras que revelan la distancia que puede surgir entre las expectativas electorales y la percepción ciudadana sobre los resultados.

Paraguay y Bolivia muestran que no basta presentarse como técnico, reformista, progresista o conservador.

La ciudadanía termina exigiendo respuestas concretas.

La verdadera división no es entre izquierda y derecha

A mi juicio, el debate político contemporáneo necesita superar esa clasificación simplista.

La verdadera distinción debería establecerse entre gobiernos eficientes e ineficientes; entre gobernantes honestos y corruptos; entre quienes respetan las instituciones y quienes las someten a sus ambiciones personales.

Entre quienes administran los recursos públicos para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y quienes utilizan el Estado para preservar privilegios.

Una reforma agraria no es buena porque la ejecute la izquierda, ni mala porque la impulse la derecha.

Una política económica no es acertada porque provenga de un gobierno conservador, ni equivocada porque la proponga un socialista.

Su valor debe medirse por sus resultados, su sostenibilidad, su respeto a los derechos ciudadanos y su contribución al bienestar colectivo.

Después de tantos años observando presidentes, campañas, promesas y frustraciones, he aprendido que las palabras pueden ocultar las verdaderas intenciones de los políticos.

Los hechos, en cambio, terminan revelándolas.

Por eso, cuando alguien me diga que un candidato es de izquierda o de derecha, mi primera pregunta no será qué ideología proclama, sino qué propone, cómo piensa hacerlo y qué antecedentes tiene para merecer la confianza pública.

Y cuando ese candidato se convierta en gobernante, la pregunta será todavía más sencilla:

¿Qué hizo con el poder que el pueblo le entregó?

Porque la etiqueta es lo que el político dice que es.

La acción es lo que demuestra ser.

Y entre ambas existe, demasiadas veces, una distancia enorme.

No nos dejemos engañar por los uniformes ideológicos. Juzguemos a los gobernantes por sus hechos, no por sus etiquetas.

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