Más de 1,200 malas prácticas y condiciones de riesgo vial fueron detectadas en los alrededores de Cristo Park durante tres semanas, según un monitoreo realizado por el Radar Vial de la Fundación Movilidad Vial Dominicana (MOVIDO), una herramienta de observación ciudadana destinada a identificar comportamientos que comprometen la seguridad en las vías públicas.
La organización advirtió que el hallazgo representa una alerta seria para la seguridad de los peatones, especialmente niños, adolescentes y familias que frecuentan este espacio recreativo y de convivencia. Para la entidad, resulta preocupante que un lugar concebido para el esparcimiento presente tantos factores que vulneran la integridad física de los visitantes más jóvenes.
Durante el período de observación, el monitoreo identificó cuatro situaciones críticas en el perímetro del parque.
Se documentó el uso de camionetas sin condiciones mínimas de protección para trasladar estudiantes, expuestos en el trayecto como si se tratara de carga. La entidad subrayó que el traslado de menores exige garantías que protejan sus vidas en cada recorrido.
Conductores de motocicletas invaden de forma recurrente las aceras y circulan en sentido contrario, ocupando áreas exclusivas para los transeúntes y amenazando directamente a niños y adultos mayores.
Vehículos transitan a velocidades inadecuadas en una zona de alta circulación infantil sin controles efectivos, donde un segundo de distracción puede derivar en un atropellamiento.
Tramos peatonales intervenidos por trabajos carecen de señalización o pasos alternativos seguros, lo que obliga a los visitantes a caminar directamente por la calzada junto al flujo vehicular.
Ante este panorama, la Fundación Movido hizo un llamado formal al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y a las autoridades responsables del mantenimiento de Cristo Park para que dispongan acciones preventivas de inmediato.
Entre las medidas solicitadas figuran operativos de fiscalización al transporte escolar, control efectivo de las motocicletas que invaden las aceras, mecanismos de reducción y vigilancia de velocidad en el perímetro, así como la debida señalización y protección de las áreas peatonales en reparación.
Además, la organización propuso realizar una evaluación integral de la seguridad vial en todo el entorno para ejecutar un plan con seguimiento institucional.
“No se trata de esperar que ocurra un atropellamiento para reaccionar. Se trata de reconocer que las condiciones de riesgo están presentes y que deben corregirse antes de lamentar una tragedia”, señaló la entidad, reiterando que la protección de los menores en el tránsito es una responsabilidad compartida entre las instituciones, los conductores y la ciudadanía.












