Las fuerzas policiales venezolanas han perpetrado desde septiembre más de 200 ejecuciones extrajudiciales, según ha denunciado este miércoles la misión internacional de Naciones Unidas para investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela.
La presidenta de la misión, la portuguesa María Valiñas, ha intervenido ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para analizar la evolución de las libertades fundamentales en el país latinoamericano desde que presentó su primer informe en septiembre y ha afirmado que la represión contra toda voz crítica sigue sin remitir.
Valiñas ha citado algunos ejemplos, entre ellos la operación policial llevada a cabo en enero en el barrio caraqueño de La Vega, en la que participaron 650 agentes y se perpetraron varias ejecuciones extrajudiciales, y que la presidenta de la misión ha calificado como «una de las más letales hasta la fecha».
El embajador venezolano ante Naciones Unidas en Ginebra, Héctor Constant, ha asegurado que el documento «presenta una vez más información falsa, en extremo politizada, paralizada, selectiva y sin balance alguno».
Nuevas detenciones arbitrarias
La jurista portuguesa ha señalado que desde septiembre se han registrado al menos 36 nuevos casos de detenciones arbitrarias, algunas con motivación política y nueve de ellas contra periodistas.
También ha mostrado preocupación por la creciente persecución a activistas humanitarios y organizaciones no gubernamentales, mientras el Gobierno venezolano endurece los requisitos para el registro, financiación y funcionamiento de las ONG. Valiñas ha puesto como ejemplo de este problema la detención en noviembre del coordinador de la organización Alimenta la Solidaridad y la de seis miembros de la ONG Azul Positivo en enero.
Desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19 en Venezuela han sido detenidas más de 20 personas por «compartir información o criticar la respuesta del Gobierno a la pandemia», según ha denunciado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Elecciones parlamentarias «injustas y carentes de libertad»
Valiñas también ha recordado que el 6 de diciembre Venezuela celebró unas elecciones parlamentarias «injustas y carentes de libertad» mientras «el clima político de exclusión de las voces disidentes parece continuar».
En este sentido, la jurista ha puesto como ejemplos la detención del parlamentario Gilberto Sojo el 25 de febrero, en relación con acusaciones de terrorismo, o el mantenimiento del proceso penal contra el exmiembro de la Asamblea Nacional Juan Requesens, acusado de delitos como intento de homicidio contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.reproducir video
El Gobierno de Venezuela difunde un vídeo con la confesión de un diputado de ser cómplice del atentado contra Maduro
«Nos preocupa que su juicio se celebre a puerta cerrada sin justificación aparente», ha señalado Valiñas, quien ha subrayado que se mantienen procedimientos penales en más de dos tercios de las 110 detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares ya documentadas en el anterior informe. La presidente de la misión ha asegurado que los retrasos de esos procesos han causado «daños graves y en algunos casos irreparables».
Maduro sigue sin permitir la entrada al país a la misión
La jurista ha recalcado que el Gobierno de Maduro sigue sin permitir la entrada al país a la misión y ha afirmado que «negar la realidad y desestimar todas las críticas no ayuda a proteger los derechos fundamentales de aquellos en riesgo».
Además ha recordado que el propio presidente venezolano participó en una inauguración de la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos el 22 de febrero «y mientras lo hacía, él y su Gobierno continuaron tergiversando la gravedad de la situación y negando toda transgresión».
