El robo de salarios tristemente se ha convertido en una práctica común en la Ciudad de Nueva York, donde patronos inescrupulosos siguen aprovechándose de trabajadores, buena parte de ellos indocumentados, haciéndolos laborar sin pagarles los sueldos a los que tienen derecho. Actualmente, la ley del Estado de Nueva York no considera el robo de salarios como un robo de propiedad, maniatando a los fiscales de poder acusar a los malos patronos y corporaciones de hurto, por lo que solo enfrentan cargos de esquema para defraudar, un delito grave de nivel bajo.
Inmigrantes como Bernardo Pérez, Julio Martínez, Jesús Solorio y Juan Alvarez, son solo algunos latinos que han vivido en carne propia este tipo de robo, que no cesan de ocurrir en los cinco condados, y las limitantes en las leyes, por lo que autoridades como la Fiscalía de Manhattan, siguen sumando esfuerzos para ponerle freno a ese delito.
Y en su afán para que patronos de ese condado se responsabilicen por sus acciones y no sigan robando a trabajadores vulnerables, en asocio con el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, el fiscal Alvin Bragg anunció este jueves la creación de una Unidad de protección especial contra el robo de salarios, la primera de ese tipo en esa entidad, que además busca proteger a los neoyorquinos contra condiciones laborales peligrosas.
El Fiscal de Manhattan explicó que a través de la nueva iniciativa, la Fiscalía presentará cargos penales contra personas y corporaciones que pongan en peligro la seguridad de sus trabajadores y roben sus salarios. Asimismo presentó la creación del primer fondo de salarios robados para las víctimas de robo de salarios de Manhattan, que será financiado a través de la Iniciativa de Inversión en Justicia Penal de la Fiscalía.
Dicho fondo, que comenzará como un plan piloto con una partida de $100,000 que espera llevarse a $500,000, ayudará a las víctimas de robo de salarios que se presenten después de que haya concluido un caso penal y a las víctimas de empresas que se declaren en quiebra o que no puedan pagar los salarios robados. Para ello, el Departamento de Trabajo examinará los reclamos y calculará los salarios, que la Oficina del Fiscal de Manhattan luego distribuirá a los reclamantes, por trabajo realizado solamente en el condado.
“En la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, responsabilizamos a las empresas y ejecutivos que explotan a sus trabajadores, ya sea poniendo en peligro su seguridad o robando sus salarios y la creación de la primera Unidad de Protección al Trabajador de la Oficina, es nuestro último movimiento para defender a los neoyorquinos trabajadores”, aseguró el Fiscal Bragg, al tiempo que advirtió que además de asegurarse que los trabajadores reciban un trato justo pretenden que empleadores de mala fe que violen las leyes rindan cuentas por sus delitos. “Una y otra vez, vemos empresas que se aprovechan de nuestras poblaciones más vulnerables, incluidos los neoyorquinos indocumentados y de bajos ingresos, y abusan de los desequilibrios de poder para llenarse los bolsillos”.












