El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra dos hombres acusados de cometer actos de maltrato físico y psicológico, así como de someter a trabajo o servicio forzado a varios niños, niñas y adolescentes que permanecían en un inmueble donde operaba la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), en el municipio Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.
Los imputados son Ángel Gabriel Capellán, conocido como El Pastor o Capellán, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, quienes fueron sometidos ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal.
El tribunal fijó para este jueves 3 de septiembre de 2026 el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
La petición fue presentada por la titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), Yoanna Bejarán, junto a la fiscal titular de San Cristóbal, Ramona Santana, y la fiscal Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.
EL RESCATE
El Ministerio Público informó que durante una operación ejecutada entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de agosto, fueron realizados allanamientos simultáneos en los sectores La Pared y El Carril, en Bajos de Haina.
Como resultado, las autoridades rescataron a 13 niños, niñas y adolescentes, con edades comprendidas entre cuatro meses y 13 años, quienes presentaban signos de presunto maltrato físico y psicológico.
La operación fue desarrollada por la Fiscalía de San Cristóbal y la PETT, con apoyo del Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional y la Unidad Especializada de Investigación Conjunta contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC).
También participaron la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en labores de protección de las víctimas.
La investigación se inició luego de que uno de los menores escapara del lugar y acudiera a un destacamento policial, donde alertó sobre las condiciones en que se encontraban los niños alojados en el inmueble.
Según la solicitud de coerción, una evaluación médico-legal realizada al menor que denunció los hechos determinó que presentaba múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, incluyendo el ro
